La Asamblea Legislativa debe, con urgencia, aprobar la modificación a los artículos del Código de Trabajo que regulan el derecho a huelga.
Los avisos del sector sindical de continuar en paro en el 2019 debe mover en los legisladores un sentido de agilización como pocas veces se ha visto. No es para menos, dos de los varios sectores participantes en el movimiento causaron serios perjuicios a la sociedad: la salud y la educación.
La salud es un derecho consustancial al corolario primario de los derechos humanos, a saber, la vida humana. La educación, no solo es un derecho básico de los niños y los jóvenes, sino que, además, el desarrollo humano del país es, al final de cuentas, el afectado. La transformación social depende del nivel y la calidad de la educación brindada; si se falla en ello, a mediano o largo plazo, es el país el que paga las consecuencias.
Sobre la salud, la Sala Constitucional explica: “El derecho a la vida (…) es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república”. El artículo 21 de la Constitución establece que “encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental”.
Pero, pese a lo dicho, fuimos testigos de cómo profesionales en salud, por semanas, afectaron a miles de pacientes. Desde los que no pudieron operarse, hasta los que, sin importar si eran trasplantados, artríticos, personas con VIH, leucemia o cáncer, etc., no fueron atendidos, no obtuvieron sus medicamentos o no pudieron sacar citas.
Dimensionar cuánto daño causó a cada persona, es, simplemente, de nunca terminar. Enfermedades agravadas, y cuidado si más de una familia debió resignarse a la muerte de un familiar como resultado del desprecio por la vida que tales profesionales demostraron con sus actos.
Irrespeto. Sobre el derecho a la salud, el voto 3125-08 explica que “es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere”. Ergo, lejos de respetar el derecho humano, y el imperativo de marras, la vida y la salud pasaron a ser objeto de negociación; así, hubo funcionarios que jugaron con la vida y salud de miles de personas.
En el ámbito educativo, uno ni se imagina las consecuencias negativas para los miles de niños y jóvenes que, sin duda, inician el ciclo lectivo 2019 de forma dificitaria. Tal retraso será arrastrado en los próximos ciclos, incluso en el ingreso a la universidad, donde los estudiantes de centros públicos pagarán un precio injusto, merced a la irresponsabilidad de los que, bajo razones que ni sabían explicar, justificaron un mal concebido derecho a la huelga.
Casi la totalidad de las huelgas fueron declaradas ilegales, pero el vacío de cómo proceder después de la declaratoria en primera instancia, más plazos que nunca fueron expeditos en resolver y hasta si cabe pagar salarios o no a los participantes, se puso y está sobre la mesa.
Así, para no caer en una situación tan deplorable como la del 2018, los diputados deben asumir su cuota de responsabilidad y legislar con prontitud al respecto.
El autor es consultor.