El 18 de octubre el editorial de este diario consignó de manera simplista mi propuesta en relación con el futuro de Bancrédito y su eventual transformación en un banco de fomento perteneciente al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Por ello, quisiera aprovechar la ligereza del editorialista para compartir con las personas que leen este periódico elementos más amplios que les permitan construirse un mejor criterio de cuáles razonamientos subyacen a mi propuesta.
El editorial califica mi posición diciendo que llevar a Bancrédito al SBD es “trasladar el problema”, se ignora con ello que la propuesta planteada por este diputado está sustentada en un análisis serio que no pretende trasladar ningún problema a nadie, al contrario, deseamos aportar una solución a uno de los problemas que agobian al país: la dificultad de acceso a financiamiento para pequeñas y medianas personas empresarias, grupos asociativos y emprendimientos innovadores.
El diagnóstico. Pese a múltiples iniciativas, el país no ha logrado resolver el problema del fomento productivo en el ámbito nacional. Por ejemplo, no existe una política de fomento que dinamice las costas y los territorios fronterizos; tampoco se encuentran financiamientos para proyectos de alto riesgo producto de iniciativas individuales o de incubadoras que se han creado en los últimos años.
El indicador más cruel de lo que se afirma es el cuasi estancamiento de la tasa de desempleo, pese a un crecimiento macroeconómico sólido y a una política cambiaria ejemplar por parte del Banco Central, tal como ha sido reconocida por eminentes economistas que escriben en estas páginas.
En este contexto, cabe resaltar que el SBD, una iniciativa de gran valor, no tiene la posibilidad de tomar los riesgos necesarios de una política de fomento. Lo anterior, por cuanto muchos de sus recursos vienen de la intermediación y su utilización responde a los más altos estándares de la regulación prudencial.
Si bien es cierto, la nueva norma 15-16 (Reglamento sobre gestión y evaluación del riesgo de crédito para el SBD), establece una supervisión diferenciada, lo cual es un gran avance, esta supone u omite los elementos que menciono de seguido.
Primero, se piensa que la banca comercial, privada y estatal va a desarrollar sistemas propios de calificación de proyectos productivos para una cartera que es sumamente pequeña y que terminará diluyéndose en los criterios de la norma 1-05.
Segundo, la norma no tiene como fin evitar comportamientos oportunistas por parte de los funcionarios bancarios que aprovecharán la nueva regulación para pasar préstamos de la cartera ya existente y transformarlos en préstamos regulados por la 15-16. Este traslado generará automáticamente utilidades, dadas las menores exigencias en las estimaciones de la regulación diferenciada.
Estos elementos y otros más, que la extensión de este espacio no me permite abordar, son obstáculos importantes para que el SBD cumpla con su papel. Además, crea un incentivo para que parte de los recursos del sistema terminen financiando más barato a quienes ya gozan del acceso a productos activos bancarios.
La propuesta. Por ello, es que proponemos crear un banco de fomento y de promoción de la competitividad. Este banco deberá tener una estructura que funcione exclusivamente en respuesta al fomento productivo. Deberá ser regulado por la Sugef bajo una perspectiva especializada, con exigencias de sostenibilidad patrimonial y de impacto económico, social y ambiental.
El banco será capitalizado con la venta al mejor postor, público o privado, de la cartera de Bancrédito y de una parte de su estructura.
Además, el banco tendría una junta directiva estable, que no será escogida con criterios políticos sino bajo altos estándares de idoneidad para este tipo de entidad. Su estructura deberá desarrollarse utilizando los modelos de banca de fomento que han mostrado éxito internacionalmente, incorporando los nuevos modelos desarrollados por intermediarios tecnológicos (fintech), con el fin de bajar los costos de intermediación.
Deberá aliarse con todas las incubadoras existentes en el país y con centros de educación superior públicos y privados, esto con el fin de generar políticas de acompañamiento e inteligencia de mercados a mediano plazo.
Esta es la propuesta de quien suscribe. Como siempre, reitero mi apertura a discutir, sin ningún tabú ideológico, con todos los sectores políticos, sociales y económicos que quieran adversar, precisar o mejorar la propuesta.
El país pide a gritos resolver el problema del desempleo, para esto debemos dimensionar, de forma correcta, el papel que cumple y que no cumple actualmente el sector financiero tal cual está regulado y organizado.
En este aspecto, la supervisión por riesgos debe aplicarse con criterios diferenciadores según el origen de los recursos y el propósito de las entidades.
Se trata de crear una institucionalidad financiera que facilite la empresarialidad y que atenúe el riesgo de emprender para todas las personas que tengan ideas y proyectos que le agreguen valor a la economía y a la sociedad costarricense.
El autor es diputado del PAC.