Antonio Álvarez Desanti. 9 julio

Entramos en la recta final de la reforma fiscal, con tiempo todavía para hacer correcciones a fin de aprobar una mejor legislación, sobre todo, porque, conociendo lo difícil que es legislar en este campo, pasará mucho tiempo para ver otra reforma, de ahí que no se deba cometer errores.

Pongo a discusión algunos asuntos que deben ser variados de manera urgente y espero que los diputados los tomen en cuenta:

Toda la reforma se ha basado en la esperanza de que se cumplirán ajustes por el lado del gasto, pero, en su propuesta, el gobierno es omiso

Ganancias de capital: aquí, tenemos dos situaciones inconvenientes, una por acción y otra por omisión:

1) El régimen que se establece para revalorizar bienes y derechos (transitorio XlV) implica que se pagarán ganancias de capital retroactivas a la ley, cuando lo correcto y urgente es que se otorgue un periodo de seis meses para que los contribuyentes puedan revalorar sus bienes y esa sea la base sobre la cual se cobrarán en el futuro las ganancias de capital, revaloración que no pagará impuesto.

2) Se omite el tratamiento de las acciones para llevarlas de igual forma a un valor real a la fecha de promulgación de la ley y, a partir de ahí, calcular su ganancia de capital. Esta omisión se prestará para grandes injusticias en perjuicio del contribuyente y será fuente de numerosas disputas administrativas y judiciales.

Límite a la deducción de intereses: las autoridades tributarias han insistido sobre esto desde 1994 y, desde entonces, me he opuesto a la medida. La norma pretende limitar los intereses deducibles del impuesto sobre la renta. Eso es muy grave porque en nuestro país las empresas están muy endeudadas, qué pensará el sector turístico de esta propuesta, para señalar solo uno. A la Tributación, la ley le permite rechazar los préstamos no vinculados al negocio, por ello no necesita esta norma para alcanzar su objetivo. Esta disposición llevaría la quiebra a muchas empresas, sobre todo, pequeñas y medianas, que deberán pagar renta aun cuando no obtengan ganancias.

Renta global: parte fundamental de una reforma fiscal es no promover comportamiento de los contribuyentes que resulte negativo para el sistema económico. La propuesta, como viene planteada, desincentiva el ahorro y puede promover la fuga de capitales, lo cual es grave en un país necesitado de que la gente ahorre y mantenga su dinero. Sobre esto, vale la pena leer el editorial de este diario del 9 de julio.

Impuesto a los riesgos del trabajo: las cargas sociales son sumamente altas en el país. Eso nos resta competitividad y promueve la informalidad, por ello, no es conveniente poner el IVA a las pólizas de riesgos del trabajo, el paso siguiente será a las planillas de la CCSS.

Sector agropecuario e importación de granos: desde el inicio de la discusión se acordó un trato preferencial en relación con el IVA para el sector agropecuario y la importación de granos. Si el gobierno no estaba de acuerdo, no debió acceder. Ahora, al final del trámite, dar marcha atrás de manera unilateral resta credibilidad al Ejecutivo, un activo que nunca debe perderse.

Por esa razón es conveniente regresar a lo pactado y que gobierno y partidos respeten los acuerdos. Aclaro: esa norma no beneficia al banano porque la fruta entra como producto de exportación.

Convenciones colectivas: en todas las presentaciones, el Ejecutivo ha hablado de renegociar las convenciones, modificarlas y, entre otras acciones, dejar la cesantía en ocho años; no obstante, el proyecto la deja en doce y no se refiere a nuevas normas para las convenciones.

Toda la reforma se ha basado en la esperanza de que se cumplirán ajustes por el lado del gasto, pero, en su propuesta, el gobierno es omiso. Para su aprobación final, será necesario que el Ejecutivo remita las normas que garanticen que la ley incorporará lo prometido.

Quedan otras cuestiones, como el tratamiento de la canasta básica, la educación, la salud, la electricidad y el agua, que deben ser parte de la negociación legislativa.

Estamos comprometidos con la aprobación del proyecto, lo venimos diciendo desde la propuesta presentada por Edgar Ayales (q.e.p.d.) en el 2013; aplaudimos que hoy se valore la importancia de lo que dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuya adhesión vemos prioritaria. Ojalá con el mismo entusiasmo se acojan otros extremos de lo propuesto por la OCDE para darle competitividad a nuestro país.

El autor es exdiputado.