EscucharLa Sala Constitucional, por voto de mayoría, se trajo abajo la Reforma Procesal Laboral, calificada como el cambio más significado en nuestro Código de Trabajo.
Se ha hablado de que los cambios no solo tocaban aspectos procedimentales sino también de fondo. Por eso, reflexionaré sobre otro aspecto: ¿Habría servido la reforma?
Para responder, debe analizarse el fin último de la reforma: la intención de traer justicia pronta y cumplida en una materia urgida de esta.
No puede hablarse de este principio constitucional cuando hay procesos laborales que duran hasta 10 años para resolverse. No puede hablarse de justicia pronta y cumplida si una trabajadora embarazada debe esperar tres años para que se declare que hubo una violación a su fuero protector.
Volviendo a la pregunta del inicio, la respuesta es que a corto plazo habría servido, pero a mediano y largo plazo le habría pasado lo que a la Ley de Cobro Judicial o al Código Procesal Contencioso Administrativo. Estas leyes fueron planeadas para acelerar los procesos en cada una; sin embargo, hoy el fantasma de la mora judicial es un hecho.
Esto me lleva a otra interrogante: ¿Estaba preparado el Poder Judicial para la reforma? Un adagio dice que toda ley procesal sirve mientras existan recursos para mantenerla.
Si la reforma se hubiese concretado, habría topado con la misma cantidad de personal, de infraestructura, de logística, etcétera. Súmele a lo anterior la gran erogación de abrir, al menos, 65 plazas de defensor público y nos daremos una idea de que sin más recursos la ley no hubiese sido más que una buena intención.
Asimismo, al Poder Judicial se le venía encima el tener que ubicar a todo el personal que trabaja en los Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía, pues los días de estos tribunales estaban contados con la reforma. Lástima, porque, dentro de todo, dichos tribunales habrían servido para descongestionar a los juzgados de Trabajo, al conocer pleitos hasta de ¢3 millones.
No se sabe qué pasará con la reforma, lo que está claro es que tanto patronos como trabajadores están de acuerdo con que se necesita un proceso célere. En los próximos meses, empezará el cabildeo entre diputados para decidir si se retoma el proyecto o se empieza de cero.
En cualquiera de los casos, es urgente dotar al Poder Judicial de los recursos para emprender esta labor, pues de lo contrario la reforma (o una nueva) no será más que un “alegrón de burro” tanto para los trabajadores como para los patronos.
Andrés Jiménez Vega es abogado laborista.
