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Un proyecto de ley que debe ser modificado

El texto sustitutivo para penalizar el ‘stealthing’ pone énfasis en lo punitivo y no en la erradicación de la problemática social

El stealthing o retiro de condón sin consentimiento debe ser penalizado, como ya lo fue el acoso callejero, con el fin de deslegitimar la violencia contra las mujeres, principales víctimas de estas y otras conductas originadas por el patriarcado.

Sin embargo, los defensores de los derechos humanos no podemos dejar de repetir que la prisión no es la solución ni para la víctima ni para evitar la reincidencia, pues la sentencia conlleva exclusión social, resentimiento, vulneración de derechos y aprendizajes antisociales.

Dejan mucho que desear proyectos de ley de corte populista en tiempos electorales, porque no intentan ni por asomo erradicar las problemáticas, sino figurar mediante la desfasada política de mano dura.

Sociedades vanguardistas apuestan por la educación y las políticas públicas progresistas en lugar del poder punitivo. Esperaría que nuestro país avance en la misma dirección, pero, mientras tanto, el Estado debe ofrecer resguardo a las personas afectadas por el retiro del condón sin consentimiento.

El texto sustitutivo en la corriente legislativa, sin embargo, no incorpora como elemento fundamental el llevar a cabo la acción con sigilo o en secreto, omisión que desnaturaliza la figura del stealthing.

Si bien la pena propuesta originalmente, de 9 a 16 años, fue disminuida, aun así, de 6 a 10 años de prisión continúa siendo desproporcionado.

El Código Penal impone, por ejemplo, de 3 a 8 años de cárcel por abuso sexual contra un menor de edad o incapaz. Incluso, tratándose de incesto o víctimas menores de 13 años, la pena es inferior a la propuesta para el stealthing.

Más de 3 años de prisión imposibilita penas como el servicio comunitario o capacitaciones en educación sexual, lo que podría ser más beneficioso para la sociedad, pues quienes hayan sido sentenciados tendrán tiempo para la toma de conciencia sobre sus actos.

De mantenerse la prisión, el Estado tendrá que desembolsar, en plena crisis fiscal, un aproximado de ¢700.000 mensuales para la manutención del sentenciado.

Deben descartarse otras vías, como la civil o administrativa, porque significan también un costo económico elevado, por la gravedad y vulneración de un bien jurídico, por la poca eficacia de las sanción en materias distintas de la penal y por enviar un mensaje social de impunidad.

De ser aprobado el proyecto de ley con la actual redacción, los tribunales tendrían el gran reto probatorio, principalmente, para la configuración de los agravantes, como lo son el embarazo o el contagio de una enfermedad de transmisión sexual, pues, además de la diversidad de las dinámicas de los encuentros sexuales, los métodos profilácticos no son cien por ciento eficaces.

info@libelalegal.com

La autora es abogada.

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