Por: Alejandro Pignataro M..   9 septiembre

Nuestros gobernantes de turno y distintos grupos de presión han logrado durante años “conquistas” cuyo costo ya no lo soportan las finanzas públicas, ni los impuestos que pagamos todos los costarricenses. Eso no incluye solamente los privilegios de los que gozan buena parte de los funcionarios públicos, sino también exoneraciones, proteccionismo y otros beneficios que tienen varios sectores productivos.

De la misma manera, se ha pospuesto la toma de decisiones valientes, dolorosas a corto plazo, pero necesarias para conservar un adecuado equilibrio fiscal, y así sostener la paz social, política y económica que ha caracterizado a nuestro país.

Hoy, como lo hizo Irlanda hace cerca de 40 años, debemos reconocer con meridiana claridad la grave crisis que podría enfrentar toda la población, en la que los más vulnerables pagarán la factura más alta. Es de esperar inflación galopante, una pérdida del poder adquisitivo y un aumento en el desempleo.

Ya Costa Rica vivió en carne propia una crisis similar a inicios de los años ochenta, durante los cuales los niveles de pobreza se situaron en el 50 % de la población. Casi 40 años después, sufrimos aún sus efectos, pues hay toda una generación con pocos niveles de escolaridad y alto nivel de desempleo, que se vio obligada a dejar sus estudios ante la gravedad de la crisis.

Desconfianza. Como si fuera poco, estamos sumidos en una profunda crisis de confianza entre sectores que no nos permite tomar decisiones oportunas. Hemos perdido, peligrosamente, la capacidad de dialogar, negociar y alcanzar acuerdos. Pero los problemas no esperan y sus efectos se siguen acumulando. Y lejos de buscar soluciones consensuadas, los diferentes grupos de presión se atrincheran para obstruir toda propuesta que atente contra sus derechos adquiridos y la solución es cualquier otra menos ser parte de la solución.

Más que nunca, debemos unirnos para construir, proponer soluciones y ejecutarlas con eficiencia y eficacia, con una clara visión a largo plazo y con los intereses del país en mente, por encima de los particulares. Todos debemos aportar y ser parte de la solución; no criticar sin estar dispuestos a ceder nada.

Las señales son contundentes. Una evidente desaceleración económica reflejada en una baja en el consumo y la confianza del consumidor, un alza reciente en el tipo de cambio y un aumento en las tasas de interés, pues el gobierno debe financiar a cualquier precio su déficit. Esto es apenas el inicio, y de no actuar con prontitud, tenemos claras las consecuencias.

Permitamos a nuestros señores diputados y a nuestras señoras diputadas, elegidos y elegidas popularmente, discutir y aprobar el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual, aunque insuficiente, es un paso en la dirección correcta. Luego vendrán la discusión y la votación de las reformas al empleo público y del Estado, por demás importantes, pero inoportunas para discutir simultáneamente.

El autor es presidente del Consejo para la Promoción de la Competitividad.