Hace justo tres años, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) emitió, “en forma temporal” , la resolución que bautizó como “política de uso justo” de Internet en celulares.
Eso fue el 2 de abril del 2014 y, de “temporal” , solo el nombre, porque han pasado 37 meses y la directriz, hecha a favor de los operadores de telefonía, quienes presionaron por ella desde el 2013, se ha perpetuado, sin que se haya demostrado cuán eficaz es para descongestionar las redes.
En tantos años, algo debieron haber hecho las empresas para resolver el problema de que sus atípicos clientes costarricenses consumen más Internet de lo que justo ellos calcularon al principio.
El mismo informe 2042-Sutel-DGC-2014 con el cual la Sutel sustentó la imposición de límites a la descarga de datos de usuarios celulares, recomendó, hace tres años, “que se ordene a los operadores ampliar la capacidad de sus redes para reducir al máximo los niveles de congestión”.
En ese sentido, ¿qué ha hecho la Sutel en estos 37 meses para verificar si los operadores han ampliado la capacidad de redes? Y, lo que es más preocupante, ¿por qué algo “temporal” la Superintendencia lo mantiene por tiempo indefinido?
La perdurabilidad del “uso justo” de Internet castiga directamente al usuario y no obliga en nada a los operadores a dar soluciones efectivas y a largo plazo. Desbalance total en contra de los usuarios.
Es más, todos los días, las empresas de telefonía incitan a su clientela a descargar más y más datos, a comprar paquetes de Internet, a adquirir planes adicionales de alta velocidad por un pago adicional... ¿No es que hay problemas de congestionamiento?
De esa forma, las políticas de las telefónicas resultan contradictorias con la “política de uso justo” que aprobó la Sutel en “forma temporal”.
La “política de uso justo”, como es sabido, no pasó por audiencia pública, no se sometió a consulta de usuarios y, lo que es preocupante, se sustentó en el informe 2042-Sutel-DGC-2014, declarado “confidencial” por la Sutel en la sesión del 2 de abril del 2014. Hoy, por segunda vez, insisto: ante un proceso tan poco transparente en tres años, es justo que el “uso justo” de Internet tenga fin... pronto.
El autor es jefe de redacción en La Nación.