El plan fiscal o Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Publicas ha sacado a la luz los privilegios de personas que, valiéndose de un cargo público, devengan salarios millonarios o reciben pensiones de lujo, que pesan sobre los hombros de un pueblo pobre que nunca ha recibido un salario digno y una pensión acorde con sus necesidades.
Hemos pasado de un Estado de derecho a uno de privilegios. Se ha dejado de pensar y legislar con la mira puesta en el bien común y se piensa en el interés personal o de determinada clase.
La Corte Plena no examinó, como era su deber, con elementos jurídicos si el plan fiscal rozaba los derechos de ese poder; se limitó a defender los sueldos y sus pensiones de lujo. Cuando existe un privilegio, no hay derechos adquiridos. Los privilegios no son derechos y no se les pueden aplicar los caracteres inherentes al derecho.
La huelga nació como institución jurídica para la defensa de los derechos de los trabajadores. Para ser legal, necesita cumplir con ciertos requisitos: agotar los procedimientos de conciliación, no llevarla a cabo en servicios públicos (la mayoría de los servicios que el Estado presta a los ciudadanos son esenciales y no se puede dejar al arbitrio de los jueces determinar cuáles son) y debe desarrollarse en forma pacífica.
La mayoría de los movimientos huelguísticos fueron declarados ilegales porque no acataron la etapa de conciliación o se efectuaron en servicios públicos esenciales y no se efectuaron de forma pacífica. No se acató la sanción que establece el artículo 403 del Código de Trabajo para quienes alteren el carácter pacífico de la huelga.
Violencia. La huelga fue manejada hasta hace poco por sindicatos que incitaron a la violencia, la cual se manifestó en actos de sabotaje, en el cierre de vías públicas, en el impedimento de las personas para asistir a los centros de trabajo, el cierre de escuelas, el bloqueo a los quirófanos, etc.
Los daños generados como consecuencia de la huelga deben ser reparados según el artículo 1045 del Código Civil. El paro, que todavía mantienen los docentes y algunos de otras instituciones, no se da para velar por derechos laborales, sino para mantener los privilegios de sindicalistas y de empresas manejadas por ellos, como lo son Recope, Japdeva y el ICE.
En dichas empresas estatales, las convenciones colectivas contienen privilegios odiosos que marcan una diferencia entre trabajadores ricos y trabajadores pobres.
El lema dentro de la empresa privada es que el no trabaja no come. Dentro de la esfera pública, el lema es sigamos en la huelga porque nos están pagando con viajes a Cancún incluidos.
Despropósitos. La huelga, como institución jurídica, se ha desvirtuado y es hoy una figura de hecho para proteger privilegios o perseguir fines políticos, como, por ejemplo, exigir el retiro del plan fiscal del Congreso para iniciar el diálogo.
Existe dentro de nuestra sociedad otro grupo de personas privilegiadas que son los profesionales evasores tributarios, que contravienen el artículo 18 de la Constitución Política.
Las universidades públicas son otro sector donde mandan los privilegios: cuánto gana el rector, cuánto los catedráticos, cuánto los profesores pensionados y los profesores que ocuparon con anterioridad un puesto en la Administración Pública.
Resultados. Cuando se escriba la historia de esta huelga deberá confrontarse lo que ganaron los huelguistas con las pérdidas ocasionadas al país y deberá examinarse si la huelga, como figura jurídica, dejó de llenar los cometidos para los cuales fue creada. El derecho laboral busca la conciliación, no la confrontación.
Nada justifica que los niños y jóvenes perdieran meses de lecciones o que los enfermos vieran pospuestas sus citas.
Podríamos añadir el perjuicio para las empresas turísticas, pues vendemos una imagen de nación pacífica. No sigo enumerando los daños que la huelga ocasionó al país, los ciudadanos informados y preocupados de los asuntos que nos atañen a todos ya lo saben.
La lucha contra los privilegios debe empezar y las figuras públicas, como los presidentes de los diferentes poderes, deben dar ejemplo de entereza y valentía y volver a enrumbar la nave del Estado hacia la igualdad y el derecho.
El autor es abogado.