Hubert Arias Zamora. 20 marzo

Con respecto al editorial del 9 de marzo, titulado "Esperanza de resucitar el gobierno digital”, tenemos los siguientes comentarios:

1. La Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Camtic) aboga desde hace varios años por la creación de una Agencia Nacional de Gobierno Digital (ANGD). La consideramos vital en aras de la eficiencia y la transparencia en la gestión pública porque acerca el gobierno a los ciudadanos y les mejora la calidad de vida, fin último del Estado. No obstante, el proyecto de ley presentado por el diputado liberacionista Wagner Jiménez pretende crear una entidad que dista de ser una agencia y se parece más a otra empresa pública, con la libertad de una empresa privada.

2. Camtic siempre ha considerado que la rectoría de todo lo relacionado con el gobierno digital debe estar en el Micitt, lo cual no solo no se refleja en el proyecto de ley, sino que más bien crea una empresa fuera del ámbito de acción de dicho Ministerio.

3. En el artículo 11 (que debería ser el 8), inciso a, se indica que “los reglamentos sobre contratación” de la agencia “no estarán sujetos a los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa”. Lo anterior atenta contra el principio de transparencia en el uso de los fondos públicos, la exime de la fiscalización de la Contraloría General de la República y podría prestarse para actos de corrupción. Consideramos, por tanto, que va en contra de la lucha que La Nación ha dado, desde hace muchos años, en favor del uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

4. En el artículo 6, referente a su financiamiento, se permiten “donaciones, transferencias y contribuciones” de personas físicas y las entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras; otro atentado contra la transparencia. Nos recuerda hechos del pasado, de empleados de instituciones públicas que recibieron “donaciones” y “contribuciones” que resultaron en casos de corrupción, denunciados por La Nación. La diferencia, ahora, es que estarían apegadas a la ley. Si a lo anterior le sumamos lo indicado en el punto 3, sería todavía más grave.

5. En ese mismo artículo, el inciso c indica que “en los sucesivos presupuestos ordinarios, el Poder Ejecutivo incluirá las asignaciones necesarias para el mantenimiento y operación de la Agencia”. Algo muy riesgoso porque obliga al Gobierno a financiar, sí o sí, a la ANGD, independientemente de si es deficitaria o no. Nos recuerda a Codesa.

6. En cuanto a la organización (artículo 7), no consideramos oportuno que el consejo directivo de la ANGD esté encabezado por el presidente de la República, pues sería exponerlo en una entidad que maneja fondos públicos y que, adicionalmente, se plantea que no esté regida por la Ley de Contratación Administrativa. Por otra parte, como mencionamos en el punto 1, no se indica que estará supeditada a la rectoría del Micitt.

7. Nos preocupa también que no se señale cuál será el régimen laboral para la agencia; nuestra propuesta es que se rija según el Código de Trabajo.

8. En el artículo 15 se autoriza a la ANGD a suministrar productos y servicios a entes públicos y privados, lo cual es improcedente, va en contra de la neutralidad tecnológica y nos aleja de los principios de la OCDE porque no puede ser que la misma agencia dicte políticas y venda productos y servicios. Podría prestarse, como mínimo, para prácticas monopolísticas y de exclusión de otros sectores y actores económicos.

En resumen, consideramos que el proyecto de ley está muy lejos de crear una Agencia Nacional de Gobierno Digital, por el contrario, crea una empresa financiada con fondos públicos, pero prácticamente se regirá bajo los principios de una empresa privada.

El autor es presidente de Camtic.