EscucharNUEVA YORK – Las comunidades pobres y rurales de todo el mundo dependen de plantas y animales para procurarse refugio, alimento, ingresos y medicinas. De hecho, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU) sobre uso sostenible de los ecosistemas (ODS 15), en su pedido de aumentar la “capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles”, reconoce la estrecha relación que tienen muchas sociedades en desarrollo con la naturaleza. Pero ¿cómo lograrlo?
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites, por sus siglas en inglés) de 1975 ofrece un marco viable para promover simultáneamente los objetivos de reducir la pobreza y conservar la naturaleza. Esta convención regula la explotación y el comercio de más de 35.000 especies silvestres en una variedad de lugares.
Se ha dicho que la naturaleza es el “PIB de los pobres”. El marco trazado por la Cites, en combinación con sólidas políticas conservacionistas nacionales, puede proteger las especies silvestres y al mismo tiempo beneficiar a pobres, campesinos e indígenas, al alentar a los países y las comunidades a que adopten planes de gestión ambiental razonables.
Por ejemplo, la Cites sirve de pauta a las comunidades de los Andes que esquilan la fina lana de la vicuña para venderla a la industria textil de lujo en el resto del mundo, a los cameruneses que extraen la corteza del cerezo africano para exportarla a empresas farmacéuticas europeas y a los habitantes de la meseta tibetana en Bután que se ganan la vida vendiendo el hongo de la oruga a la industria de la medicina tradicional.
Pero fuera de la Cites, no hay muchas pautas que garanticen un comercio legal, sostenible y provechoso para los pobres. La sostenibilidad del comercio de recursos silvestres suele depender de su conservación en el nivel local por parte de las comunidades pobres y rurales que los explotan. Para ver cómo funciona esto, hace poco el Centro de Comercio Internacional (ITC) examinó de qué manera la gente del sudeste asiático gestiona en forma sostenible el comercio de pitones (una especie listada por la Cites).
La piel de pitón es materia prima habitual de la industria textil de lujo, y el estudio del ITC realizado en Vietnam y Malasia permitió determinar que el comercio de las pieles aumenta la seguridad económica de recolectores, criadores, procesadores y exportadores, al proveerles una fuente adicional de ingresos.
En Vietnam, se estima que hay 1.000 familias dedicadas a la cría y el comercio de pitones. En Malasia su recolección provee de ingresos a trabajadores poco capacitados y pobres en períodos de escasez de empleo debida a motivos estacionales o relacionados con la economía a gran escala.
Los investigadores hallaron que la mayoría de los participantes en la explotación de la pitón implementan sus propios planes de gestión sostenible, sencillos y eficaces, y que esto redujo la presión sobre las poblaciones salvajes.
Pero las pieles de pitón, como muchos productos silvestres, son una mercancía indiferenciada, de modo que a las comunidades que las explotan les es difícil agregar valor y aumentar la rentabilidad. Las mujeres de los Andes peruanos pueden limpiar a mano la lana de vicuña y aumentar así unos 50 dólares su precio por kilogramo, y la venta de una bufanda de lana puede reportarles entre 150 y 200 dólares; pero aunque una piel de pitón malasia se vende por 200 dólares, una cartera hecha con ese material puede costar 2.000 dólares.
Sin embargo, algunos países emergentes han comenzado a subir en la cadena de valor y quedarse con una cuota mayor de la rentabilidad, de lo que dan ejemplo marcas locales como Kuna, que comercializa lana de alpaca y vicuña en Perú, y Natura, una marca brasilera de productos cosméticos naturales.
Las mayores amenazas al comercio legal de especies silvestres son la caza furtiva, el contrabando, la concesión indebida de permisos de comercio y el maltrato a los animales, y deben ser resueltas por las autoridades y las partes rurales interesadas en el nivel local.
Felizmente, las comunidades rurales ya están en la mejor posición para proteger la vida silvestre, siempre que tengan motivos para hacerlo. En las circunstancias correctas, la mejor solución a largo plazo (y a veces, la única) para el problema de la sostenibilidad es la existencia de un círculo virtuoso en el que los productores locales tienen un interés directo en proteger las especies silvestres porque se benefician con su comercio legal.
Los gobiernos pueden colaborar aumentando el derecho de las comunidades rurales al uso de especies silvestres y recursos naturales, para que estas puedan gestionarlos y protegerlos en forma sostenible. Por ejemplo, la decisión tomada en los setenta por Perú de otorgar a las comunidades andinas el derecho de usar la lana de vicuña salvó este animal de la extinción y creó nuevas fuentes de ingreso duraderas para la comunidad.
Como las circunstancias jurídicas y naturales de cada país y de cada comunidad son distintas, se necesitan innovaciones políticas similares en diferentes sectores.
Una posibilidad muy prometedora es el turismo, que también cabe en el marco de la Cites. Por ejemplo, desde que Ruanda empezó a compartir con las comunidades locales los ingresos del turismo de avistamiento de animales salvajes, la población del gorila de la montaña aumentó. Como vemos, una y otra vez, cuando se da participación a las comunidades locales, estas pueden convertirse en firmes defensoras de la vida silvestre.
Más en general, debemos dar apoyo a los científicos que trabajan en nuevos métodos de gestión adaptativa e incentivar al sector privado para que invierta en aumentar la sostenibilidad en la obtención de materias primas y la transparencia de las cadenas de suministro y producción.
Como muestran los ejemplos anteriores, conservar los recursos naturales y mejorar la capacidad de subsistencia de las comunidades rurales pobres no son objetivos incompatibles, e incluso se refuerzan mutuamente. Con más voluntad política e inversiones inteligentes, nada impide alcanzar los ODS relacionados con la reducción de la pobreza y con la conservación de la vida silvestre para las generaciones futuras.
El año pasado, la ONU aprobó una resolución histórica que hace frente al tráfico ilícito de especies silvestres y reconoce la eficacia del marco legal sentado por la Cites. La resolución pide a los 182 países firmantes de la Cites que protejan la vida silvestre y al mismo tiempo provean beneficios tangibles a las comunidades pobres y rurales. Esperamos que los delegados de esos países que se reunieron en la Conferencia Mundial sobre Vida Silvestre en Sudáfrica hayan escuchado ese pedido.
Arancha González es directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, organismo conjunto de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial del Comercio.
John E. Scanlon es secretario general de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).© Project Syndicate 1995–2016
