¿Un ‘brexit’ en Costa Rica?

Podemos hacer una analogía entre los enojados ingleses y nuestros enojados. Cierto que en la Unión Europea la apertura no ha servido para gestionar, por sí sola, la incorporación de toda la gente a las fuentes de trabajo y que existen diferencias enormes de ingreso aun dentro de un mismo país.

Oleadas de personas que buscan trabajo y no lo encuentran por estar escasamente preparados para las nuevas empresas que se afincan en novedosas tecnologías y productos que demandan entrenamientos especiales, conocimientos sofisticados y hasta manejo de varias lenguas.

Las personas mayores en Inglaterra atribuyeron el problema de la exclusión al libre comercio con Europa y decidieron dar marcha atrás. No obstante, la aprobación del brexit puso de manifiesto que el problema no reside en la globalización, sino en la pobre gestión burocrática de “Bruselas”, para crear condiciones de oportunidad para todos.

Aquí en Costa Rica, lo dijimos una y mil veces, la apertura hará crecer el PIB, logrará atraer inversión extranjera y se abrirán múltiples fuentes de trabajo, pero para ello deben implementarse fuertes “medidas complementarias” (términos que utilizamos para denominarlas), porque habrá un sector grande de la población que no podrá incorporarse y llevar a cabo por sí solo las transformaciones necesarias para incorporarse a la nueva economía.

Han pasado ocho años desde que aprobamos el TLC y varios desde que nos abrimos a la Unión Europea (UE). Ahora negociamos la Alianza del Pacífico y queremos pertenecer a la OCDE. Todo esto, importante, necesario y posiblemente inevitable, pero…

Malos resultados. Tenemos un buen sector de personas (alrededor de 20.000) que no estudian ni trabajan (“ninis”). Mantenemos un índice de pobreza inaceptable: 20% de la población. Más o menos un 7% de nuestra gente no tiene trabajo. No somos competitivos en cuanto a costos de los servicios públicos y la infraestructura productiva necesaria, por lo que muchas empresas quiebran o buscan países más competitivos para producir.

La energía es sumamente cara y no vislumbramos la posibilidad ni de bajar su precio ni de volverla sostenible, pese a que existe enorme potencialidad.

En las pruebas PISA, el país obtiene resultados lamentables en aquellas asignaturas requeridas para el desarrollo y la innovación, y el inglés brilla por su ausencia, acompañado de inexplicable e inaceptable negativa de parte de los docentes de acreditarse como profesores.

Igual que los enojados ingleses, vemos que la burocracia se ha apoderado de los recursos públicos. Se receta enormes salarios, nos esconde información importante y se adueña del dinero que los costarricenses pagamos para que se invierta en las “medidas complementarias” que deben acompañar la apertura.

Salarios públicos. Para ilustrar y justificar nuestro descontento, según información de Consultores Económicos y Financieros S.A. (Cefsa), nuestro costo en remuneraciones en el sector público relacionado con el PIB es el tercero mayor en el mundo después de Dinamarca y Noruega.

Noruega, por ejemplo, invierte en remuneraciones un 13,5% del PIB, con el que paga el empleo del 35% de su población ocupada, que es el porcentaje de personas que trabajan en el sector público; Costa Rica invierte un 13% del PIB para pagar solo al 15% de nuestra fuerza laboral, que es el porcentaje de personas que trabaja en el sector público.

Los costarricenses pagamos en impuestos directos e indirectos lo que pagan los escandinavos (esta cifra no está disponible, porque nuestros impuestos indirectos no se incorporan a los datos existentes).

Precisamente este es el punto que nos enoja: los altísimos salarios del sector público que con sus convenciones colectivas echan a la bolsa de la burocracia el dinero de los impuestos de los que sí tenemos trabajo y queremos gustosamente financiar las “medidas complementarias” requeridas para que no haya rezagos sociales.

Para dejarlo claro: no estamos enojados porque haya sector público, como pretenden hacerlo creer algunos sindicalistas. Tampoco estamos enojados contra el libre comercio, que, al contrario, no solo es necesario, sino inevitable y debemos aprovecharlo.

Ni siquiera estamos enojados porque algunos de los salarios públicos sean muy altos. Nos enoja que, pese a tener el sector público más oneroso del planeta y de pagar impuestos altos, suficientes para paliar la pobreza y eliminar el rezago y la exclusión, tenemos servicios públicos caros y de baja categoría: educación, Internet, transporte público, puertos, carreteras, aeropuertos, agua, salud, CCSS, contaminación de ríos y mares, destrucción de nacientes, ausencia de planificación urbana, carencia de información, y ni siquiera “platina”.

Impuestos. Creo que todos pagaríamos con gusto los impuestos directos e indirectos adicionales que nos solicita el presidente para paliar el déficit al que nos precipitamos, si esos recursos se emplearan en financiar fidedignamente las “medidas complementarias”, necesarias para que la economía crezca sin que se aumente el coeficiente de Gini.

Pero nuestro presidente apoya la presente situación y nos pide que paguemos más impuestos para cubrir los aumentos salariales del sector público, sin poner orden ni en la eficiencia ni en la eficacia que deberían rendir tales funcionarios.

No queremos más impuestos porque no aceptamos que el sector público siga inflando sus bolsillos, mientras nuestro pueblo espera el apoyo que deberían proporcionar dichos recursos.

No se trata del modelo de apertura, sino, igual que los enojados de Europa, se trata de que tenemos una burocracia incapaz y abusadora que se ha creído fin en sí misma del uso de los recursos que se deben al pueblo. Requerimos transparencia y diálogo.

La autora es filósofa.