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Uber y el ‘fair play’

No cabe duda de que el esquema de trabajo de Uber es ilegal. Se hace necesario reglamentar el servicio que presta.

A diferencia de hace cuatro años, esta vez, lamentablemente, la fuente de la Hispanidad no se cerró para celebrar una victoria de la Selección. En su lugar, la otra fuerza roja salió nuevamente a bloquear las calles exigiendo fair play (juego limpio).

La controversia sobre el funcionamiento de Uber en Costa Rica vuelve a tomar relevancia. En los últimos años de operar en el país, ha quedado claro que existe un mercado que demanda un servicio diferente al que brindan los taxistas y seetaxis. Sin embargo, no hay duda de que el esquema de trabajo de Uber es ilegal. Se hace necesario reglamentar el servicio que presta. No podemos seguir manteniendo el recurrente conflicto social y afectar la productividad nacional generada por las frecuentes manifestaciones.

Ahora bien, partiendo de la idea de que debemos buscar cómo formalizar el servicio de Uber, debe pensarse cuáles son los elementos básicos por exigir. Considero, como fundamentales en todo proceso de discusión, al menos los siguientes:

Aporte social. Los derechos de los trabajadores y las cargas sociales, en particular las cotizaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La Sala Segunda determinó, en su resolución número 2014-001170, que existe una relación laboral entre el dueño de una concesión de taxi y su chofer. Aunque Uber no cuenta con concesión alguna, la relación con sus conductores es análoga.

En este sentido, la regulación debe establecer claramente que todos los conductores son empleados del proveedor de la aplicación. Eso les garantizará a los choferes los derechos derivados de esa relación laboral, como vacaciones, aguinaldo y cesantía. Pero, además, asegura que las cuotas a la CCSS sean cubiertas en su totalidad. No debemos permitir la precarización del trabajo ni fomentar la informalidad.

También es fundamental considerar el riguroso pago de impuestos. Las aplicaciones como Uber se conocen por utilizar estrategias legales para minimizar sus cargas fiscales. Escogen cómo y en qué jurisdicción reportar sus ingresos para eliminar todo tipo de carga tributaria. En esencia, eluden cuantos impuestos pueden. Para este fin, podría prohibírseles la deducción de gastos no incurridos en el territorio nacional. Así, pueden operar siempre que los ingresos generados tributen en el país de acuerdo con nuestra legislación.

Competencia. Por último, hay que prevenir la competencia desleal y fijar una tarifa piso acorde con los costos operativos. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ha creado un modelo tarifario para los taxistas que contempla la totalidad de los costos de brindar el servicio de taxi.

De acuerdo con el modelo, esa tarifa es la mínima para cubrir los gastos de operación de un vehículo a costo. Definitivamente, el esquema tarifario se puede mejorar, pero, en principio, debe aceptarse que ese es el precio mínimo al cual debe brindarse un servicio de transporte de personas. Una tarifa inferior no estaría cubriendo todos los gastos y costos por lo cual se consideraría dumping. Las tarifas de Uber no cubren todos sus costos operativos.

Según reportó CNBC, Uber perdió a escala global $4.500 millones en el 2017. Por lo tanto, todas las aplicaciones, Uber y las demás, deberían utilizar como tarifa piso la que establezca la Aresep y así garantizar que el costo total de brindar el servicio esté contemplado en el cobro al usuario.

Hay más cuestiones decisivas por discutir, como el registro de choferes, el acceso a la información personal y de los recorridos, los seguros, las multas y el tipo de licencia. No obstante, son detalles operativos que pueden resolverse.

La velocidad del cambio tecnológico hacia lo digital supera por mucho el lento proceso de actualización regulatorio. Sin embargo, las decisiones difíciles deben tomarse, es hora del juego limpio. No sigamos pateando la bola hacia adelante.

El autor es exviceministro de Transportes.

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