Está claro que no debe darse marcha atrás a nuevas reformas y cambios. La atención de los asuntos relacionados con la hacienda para la sostenibilidad de los recursos es cuestión fundamental, tales como empleo público, destinos específicos y evasión fiscal, entre otros, deben darse oportunamente y no postergarse. Para ello se requieren acuerdos entre diversos actores (instituciones, gremios, cámaras empresariales, sindicatos, ciudadanía organizada) y considerar que el camino por transitar, de acuerdo con la experiencia, parece complejo y se requiere transparencia, solidaridad y firmeza para lograrlo.
Está claro que el país, sin menoscabo de lo alcanzado hasta ahora, se ha venido quedando rezagado, entre otras causas, por la resistencia y la postergación de la toma de decisiones significativas, la indisciplina fiscal, la falta de transparencia y la ausencia de solidaridad de actores estratégicos, lo cual ha malogrado aspiraciones orientadas al bienestar común.
El deterioro de la educación, los grandes retos de la seguridad social y la infraestructura, las inequidades salariales y de los diversos sistemas de pensiones, el incremento del desempleo, así como la creciente inseguridad ciudadana, son algunas manifestaciones de esta situación.
No hemos logrado avanzar lo suficiente en la configuración de un círculo virtuoso que permita desencadenar, gradualmente, una nueva gestión pública donde la planificación, la inversión, la transparencia, la sostenibilidad, la rendición de cuentas, el enfoque de los resultados y la eficiencia frente a las necesidades de la población desempeñen un papel determinante.
Falta más. Hay un factor de coincidencia entre los diferentes actores sociales, el cual parte de que la reforma fiscal ha sido un primer paso en la dirección correcta, pero insuficiente a la vez. Por tanto, avanzar en ajustes y transformaciones más profundas es un imperativo nacional. La actividad económica se encuentra en desaceleración, con el consecuente impacto sobre la recaudación de impuestos; la trayectoria de la deuda pública es creciente y presiona hacia un mayor pago de intereses (4,5 % del PIB en el 2019); el nivel de gasto es también creciente y existen riesgos de liquidez y calificaciones de deuda soberana a la baja, todo lo cual evidencia que el panorama aún no se aclara.
Queda, por tanto, escoger el camino: comprometerse con la disciplina fiscal para garantizar a la población la provisión de servicios públicos en el presente y el futuro, o bien, postergar un ajuste mucho más agudo, una vez más, para los años venideros. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda deberá prepararse y luchar contra la evasión y la elusión, de forma que todos los contribuyentes asuman su responsabilidad con la sociedad y, en particular, con los más vulnerables.
Un fenómeno público y notorio es el archipiélago de intereses y conductas sectoriales, el cual obstaculiza la articulación de un proceso para la solución integral del deterioro de las finanzas y del que algunos desean verse excluidos, tanto del debate como del aporte. En ese sentido, la situación de las universidades públicas y de las cooperativas, dos de los más visibles actores en estos días en el debate público, no debe ser excluida, bajo la premisa del incuestionable valor público que han generado por décadas al país.
Ambas deben seguir generando valor a la sociedad, pero ajustándose a las nuevas circunstancias financieras del Estado, al que todos debemos contribuir dados los beneficios recibidos, indistintamente del sector al que se pertenezca. Enredarse en discusiones bizantinas, donde prevalecen verdades relativas o adaptadas a sus intereses, ningún beneficio aporta a la sociedad como un todo y bajo ninguna circunstancia se altera la situación de fondo, cual es la precariedad de los recursos públicos, cada vez más comprometidos, y la urgencia sobre un gasto de calidad.
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Tampoco cambia la obligación de contribuir de forma solidaria para nivelar la situación de la cual todos formamos parte. Es imperativo argumentar y debatir, en el marco de la rigurosidad técnica, pero, además, aceptar con humildad que se puede mejorar y contribuir al país con aspiraciones de un futuro promisorio para todos los habitantes.
Para tener una hacienda pública eficiente y eficaz es fundamental actuar con transparencia, solidaridad y firmeza todos los actores, tanto públicos como privados, y promover la institucionalidad y preservar, ante todo, nuestro Estado social y democrático de derecho como un valioso legado a las nuevas generaciones de costarricenses.
La autora es contralora general de la República.