EscucharLa deuda, que es de todos los costarricenses, en cuatro años creció hasta un 58 %, lo que significa que cada hogar pasó de deber ¢6.111.054 en el 2013 a ¢10.988.426 en el 2017.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas está lejos de lo perfecto, se han cometido errores, pero no cabe duda de la buena fe de las personas que la están impulsando y que, en términos generales, han mantenido el sentido social característico del país.
Reconocemos que las medidas contenidas en el proyecto de ley no son suficientes. Cuando existen problemas financieros, deben aumentar los ingresos, bajar los gastos y hacer productivos los activos.
Costa Rica tiene activos como los bancos Nacional y de Costa Rica e instituciones como ICE, INS y Recope. Este patrimonio representa un 33 % de la deuda del Estado.
El gobierno paga un 7 % de intereses en dólares por su deuda externa y no recibe ayuda de esas instituciones para hacerlo. (No digan que pagan impuestos, porque todas las empresas lo hacen).
Si lográramos que por ley, en un tiempo prudencial esas instituciones tuvieran que darle al gobierno, por ejemplo, un 7 % anual en dólares sobre su patrimonio, que por cierto es de todos los costarricenses, implicaría ingresos equivalentes al 1,4 % del PIB.
Como consecuencia, con este complemento a los ingresos más los impuestos y ahorros detallados en la reforma fiscal, Costa Rica estaría en capacidad de superar la crisis.
Metas. Una deportista dijo que debemos tener retos para superarnos cada día. Entonces, hay que establecer metas claras. ¿Cómo se hace? Los juristas definirían la forma legal. Sin embargo, una opción sencilla es convertirlas a todas en sociedades anónimas (Recope ya lo es).
La Asamblea o el gobierno designarán las metas para un retorno apropiado sobre el patrimonio, que como mínimo sería un 7 % en dólares o el costo de su deuda a largo plazo. Podría hacerse en forma escalonada: 2 % el primer año, 5 % el segundo y 7 % o más del tercero en adelante.
De no cumplir, debe haber consecuencias, como remover a la junta directiva, al gerente general o a los gerentes de línea con causa justificada. No tratemos de decirles a las instituciones el cómo hacerlo, dejémoslo a la creatividad y al ingenio de cada uno, de cada empleado; que lo hagan por el orgullo personal de superarse, por el amor a la institución, pero, más importante, a la patria y a las futuras generaciones.
Valor. Esta propuesta no solo ayudaría a aumentar los ingresos del Gobierno, sino que haría que esas instituciones mantuvieran su valor.
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Con tristeza vemos una tendencia a la baja de la rentabilidad de esos entes. El peligro es que, de no revertirse esa tendencia, se corre el riesgo de perder el valor de ese patrimonio y que en unos años todas podrían terminar como el Banco Crédito Agrícola de Cartago.
Hace 20 años, a diferencia de la mayoría de los países Latinoamericanos, Costa Rica tomó la decisión de mantener dichos activos. Es momento de demostrar que fue la decisión correcta, de dar soluciones y actuar.
La autora es economista.
