EscucharPor varias décadas, el país había venido haciendo un gran esfuerzo por eliminar los subsidios cruzados en los servicios públicos. Y hay razones fundamentales, basadas en principios técnicos y mejores prácticas económicas, para hacerlo.
Hace 50 o 60 años se creía que mediante el uso de impuestos y subsidios discriminatorios sobre bienes y servicios se podían corregir las distorsiones sobre la distribución del ingreso creadas por los obstáculos, naturales o artificiales, al funcionamiento del libre mercado. Esto distorsionó severamente la economía y terminó perjudicando el crecimiento, el empleo, la distribución del ingreso y el bienestar de la población. Los resultados fueron contraproducentes, pues se agrandaron las diferencias de ingresos y se empobreció más a la población.
La experiencia y la teoría económica han demostrado que utilizar los precios de los bienes y servicios para favorecer a ciertos sectores, no solo es una forma muy ineficiente de hacerlo, sino que crea perjuicios muy graves que se devuelven como un búmeran sobre los mismos grupos a los que se pretende beneficiar, principalmente en la forma de inflación, desigualdad, desempleo y bajos ingresos.
Tarifas eléctricas. Recientemente, el gobierno ha anunciado la instauración de mecanismos de subsidios cruzados en las tarifas eléctricas. Consisten en dar tarifas preferenciales a ciertos sectores, cargando su costo al resto de usuarios.
El más reciente es el que se ha dado en llamar el “subsidio solidario” para que las familias más pobres no tengan que pagar la electricidad por debajo de los 100 kWh. La solidaridad, que a todas luces es involuntaria, consiste en recargar el costo de la electricidad sobre los demás consumidores residenciales y así permitir que las familias pobres, incluidas en una lista taxativa, que probablemente crecerá aceleradamente, puedan consumir hasta ese límite, sin preocuparse del buen uso de la energía. Y aunque lo sobrepasen, de todas maneras, la factura les saldrá muy barata. Pueden darse el lujo de desperdiciarla.
Ya antes se informó sobre tarifas preferenciales para el sector industrial. Y aunque no se dice explícitamente, al final, el costo recaerá sobre los demás consumidores, principalmente los residenciales de la clase media.
Si a esto agregamos los aumentos que hacen fila en las tarifas eléctricas, por aumentos crecientes en los gastos del ICE y otros generadores y distribuidores, incluyendo los pagos por la entrada en funcionamiento de la planta Reventazón y otras, el golpe para los consumidores residenciales y comerciales va a ser duro.
Hay que agregar, además, que varios meses atrás, se impidió la eliminación de otro subsidio, esta vez sobre el gas licuado, el asfalto y el diésel, con la consiguiente recarga sobre las gasolinas, que coincide, en buena proporción, en quienes son los afectados y beneficiados.
Retroceso. Este cambio en el enfoque de los subsidios es un enorme retroceso, pues agranda las distorsiones que afectan la eficiencia de la producción, el consumo y los términos de intercambio del país.
Crear precios artificiales para el consumo de algunos bienes por ciertos sectores, induce a los favorecidos a utilizar sin cuidado aquello que les están regalando, mientras que los afectados deben restringir su uso, que podría ser de mayor provecho para la sociedad. También distorsiona severamente la producción, pues quienes tienen que pagar tarifas mayores, tienen que reducir la producción de aquello en que son más eficientes y dedicarlo a actividades de menor productividad.
Y lo más grave, al distorsionar los términos de intercambio, genera el efecto indeseable de que induce a importar o exportar bienes o servicios en las proporciones equivocadas. Nos lleva a la paradoja de que nuestros consumidores residenciales de electricidad pueden terminar subsidiando a los consumidores de otros países. Se quita bienestar a nuestra gente para dárselo a la de otros países, quizás de mayor desarrollo y poder adquisitivo.
Esas son políticas en desuso en el mundo. El daño que causan a la economía es mayor que el beneficio que reciben unos cuantos. La pérdida social neta es significativa.
Abundantes subsidios. Y es que, por desgracia, todavía persisten abundantes subsidios regresivos en la economía y que, de hecho, son culpables, en gran medida, del constante deterioro en la distribución del ingreso, pues, paradójicamente, la mayoría de ellos se cargan a los pobres para favorecer a los que no lo son. Ejemplos, los que pesan sobre la canasta básica de los consumidores, como arroz, azúcar, frijoles, harina de trigo, carne, pollo, huevos, sal, lácteos, aceites y grasas y, últimamente, hasta los aguacates.
Si bien hay ocasiones en que los pobres merecen ser subsidiados, deben serlo, exclusivamente, en razón de que son pobres, y no porque consuman determinado bien o servicio.
En caso de que sea estrictamente necesario, el subsidio debe ser focalizado, directo y transparente, sin distorsionar la eficiencia económica, pues significa desperdiciar los recursos escasos.
Si hay que subsidiar a los pobres, es mejor hacerlo directamente, no por medio de distorsiones en los precios o tarifas. Para eso se creó, por ejemplo, el Programa de Asignaciones Familiares.
Es entendible que las autoridades superiores, que no son economistas, no estén al tanto del daño que causan con este tipo de decisiones. Pero ¿dónde están los economistas de este gobierno que no asesoran en la materia? ¿Será que no los hay, o no los toman en cuenta?
La primera misión de un economista es velar por la correcta asignación de los recursos para mejorar la eficiencia económica. No podemos darnos el lujo de definir políticas tan importantes con base en el empirismo.
El autor es economista.
