Este 3 de mayo, como desde hace veinte, celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha propicia para reflexionar a cerca de ella en el mundo y el país.
Este día sirve, como lo señala la Unesco, para informar a los ciudadanos acerca de las violaciones a la libertad de prensa y como recordatorio de que en docenas de países de todo el mundo se censuran, multan, suspenden y cierran publicaciones, mientras que periodistas, editores y publicadores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados, con lo que se impide el dialogo social. En ese contexto, en nuestro país se celebra la conferencia denominada: “Hablar sin riesgo: por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios”. Es evidente que la seguridad de los periodistas, el problema de la cuestión de la impunidad serán, entre otros temas, centrales en la reflexión.
El tema es urgente. En Brasil cuatro periodistas cayeron víctimas de asesinatos en el 2012, lo que equipara la cifra de muertos a la del año anterior y convierte al país en el cuarto más letal del mundo para la prensa, según el Comité para la protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingles).
En México, la situación no es menos alentadora, recientemente Artículo 19, organización defensora de derechos humanos, indicó que siete periodistas fueron asesinados como consecuencia de algo que reportaron; la violencia contra los comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación aumentó en un 20%.
En el Istmo, solo para citar un caso, en Honduras, señala CPJ, los asesinatos de periodistas rara vez son resueltos. Los tribunales han dictado condenas en uno de cada cinco casos desde 1992.
Una constante es que los reporteros que cubren la delincuencia, la corrupción y la política son particularmente vulnerables a las agresiones de las autoridades gubernamentales o del crimen organizado.
¿Cuál es la situación en Costa Rica? La realidad hasta ahora, es otra; dichosamente el asesinato o la impunidad no son la norma, ni siquiera la excepción. No puede hablarse de un clima de persecución, intimidación o impunidad similar a los reseñados; sin embargo, el medio no debe estar exento de presiones indebidas e incluso, recientemente, hay algún grado de intolerancia, por parte de funcionarios, hacia la prensa. Si las principales agresiones a los comunicadores van dirigidas contra quienes reportan, investigan o denuncian actos de corrupción, delitos del crimen organizado, con seguridad las amenazas a la prensa existen, pues recientemente los medios han jugado un papel clave en la denuncia de casos de corrupción, por lo que no es descabellado pensar que puede existir autocensura.
Comprendiendo que la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos es indicador de la libertad de expresión en la democracia, el país debe, si quiere mantener una buena calificación en esta materia, poner cuidado en atender las señales que nos envían países vecinos. Es necesaria una estrategia para la prevención y eventual protección de los comunicadores y trabajadores de la prensa frente a males señalados. Para ello es necesario que se comprenda que el rol de periodistas es, sin lugar a dudas, decir lo que otros no quieren que se sepa y que estos, tarde o temprano intentarán impedirlo, utilizando las leyes o la fuerza. Por esto, de un lado, debemos mejorar nuestra legislación, es una tarea pendiente; requerimos más libertad de prensa y acceso a información pública y, del otro, urge revisar el marco jurídico para evitar o prevenir la impunidad. Solo así lograremos la libre discusión de las ideas que, sin censura, permitirá el conocimiento de nuestros problemas.