Christian Campos Monge. 19 febrero

En el manejo de fondos y recursos públicos, hay dos tipos de funcionarios: quien hace de la probidad su diario vivir y quien guarda una y otra vez un silencio cómplice de actos contrarios a lo esperado del actuar público.

Todo servidor del Estado debe proceder dentro de los cánones del deber de probidad. Por ende, como dice la ley, debe buscar la satisfacción del interés público y nunca directa o indirectamente hacer o dejar de hacer algo con el fin de beneficiar intereses privados.

Es así como un trabajador puede caer, por omisión o por hechos concretos, en infracciones cuyo castigo no debe hacerse esperar.

Temo que la impunidad sigue siendo una incómoda verdad

El empleado público debe privilegiar la eficiencia y la eficacia todos los días; por tanto, debe demostrar siempre rectitud y buena fe, imparcialidad y gestión a favor de los objetivos de la nación.

Ahora bien, quien actúe de forma contraria, debe ser despedido sin responsabilidad patronal conforme a la ley. Pero cabe preguntar: ¿Cuántos funcionarios habrán recibido despido por faltar a la probidad? ¿Cuántos por corrupción? Rara vez se conoce información para calificar, bueno o malo, al sistema preventivo y, más aún, sancionador en asuntos de ética y corrupción. Temo que la impunidad sigue siendo una incómoda verdad.

Por otro lado, cuando se habla de irregularidades, donde en algunos casos hubo corrupción, es fundamental preguntarse dónde estaban los funcionarios que vieron y escucharon; quiénes fueron parte de o asesoraron a quienes finalmente infringieron la ley. ¿Será que luego procuran que no se les relacione con los hechos irregulares?

Esos, pocos o muchos, optan por un silencio cómplice. El mismo que el irresponsable posee y cree que con ello le hace un gran favor al país callando. Guardan silencio porque les conviene el resultado de lo irregular o porque temen las represalias contra ellos o, peor aún, anteponen su interés personal de no ser despedidos por cuidar sus ingresos, y dejan de denunciar sin importar consecuencias en su contra.

En ética pública, en valores que nunca están sobre la mesa, no cabe ser flexible para salvar lo de uno, y no el bien común.

Deber de denunciar. Los funcionarios, y así lo ha resuelto el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, están en el deber de denunciar toda irregularidad “que pueda afectar el servicio o la función, aunque se toque el honor y decoro ajenos”.

Señala la sentencia: “Tratándose de funciones públicas, la denuncia de hechos, incluso de la esfera privada del funcionario, como son sus relaciones íntimas —siempre que exista causalidad con actos de corrupción o desmejora de los servicios públicos— debe hacerse con la mayor amplitud; ese es un deber de todos los funcionarios y servidores y es un derecho de cualquier ciudadano. De no ser así, se entraría en el imperio de la corrupción pública”.

Enhorabuena por las personas que, reciban o no salario del Estado, denuncian lo irregular; mejor aún, la corrupción. Quien no lo hace, quien calla, es cómplice; se suma a quienes le hacen daño al país. A ese tipo de funcionarios debería darles vergüenza mirar a los ojos a los demás.

El autor es consultor.