Selección de candidatos presidenciales

En una investigación sobre América Latina, Freidenberg se planteó algunas interrogantes para conocer los mecanismos de elección de candidatos: ¿Quiénes deben ser elegidos? ¿Pueden ser todos los ciudadanos, los militantes de los partidos o los militantes que cumplen una serie de requisitos? ¿Hay restricciones en la presentación de candidatos? ¿Qué tipo de restricciones se dan? ¿Quién elige a los candidatos: los ciudadanos, todos los miembros del partido o solo algunos? ¿Ha habido cambios en los procesos de selección o se mantienen estables?

Algunos cambios en los complejos escenarios políticos deberían considerar una preselección a fin de excluir a los aspirantes poco serios, frívolos, fraudulentos o con poco apoyo que no se consideren a la altura de las circunstancias.

Como afirma el IDEA, en principio, en una democracia todos deben tener derecho a votar y presentarse como candidatos a un cargo público. El derecho humano a elegir y ser elegido está tutelado en las principales convenciones internacionales. No obstante, es legítimo establecer ciertas restricciones sobre las cualificaciones de los candidatos a la presidencia. Entre ellas, normalmente, se encuentran los requisitos de ciudadanía, edad y el cumplimiento de un proceso formal de propuesta de nombres por parte de los partidos en el que se descarten las candidaturas inviables.

También, serían adecuadas otras restricciones sobre quién debe ocupar la presidencia, por ejemplo, relacionadas con la salud o las finanzas personales. La Constitución de los Estados Unidos, sorprendentemente, va más allá y establece como requisito que los candidatos hayan vivido, como mínimo, 14 años en el territorio.

Se trata de restricciones sensatas y justificadas, según el IDEA, dada la relevancia del cargo presidencial y su relación con la gobernanza democrática, entendida de acuerdo con el PNUD e IDEA como una serie de interacciones entre actores estatales y no estatales para formular y ejecutar políticas y reformas sociales, económicas e institucionales relacionadas con el acceso y el ejercicio del poder, con el objetivo de mejorar la gobernabilidad de los sistemas políticos en el Estado de derecho.

Los últimos procesos electorales en Costa Rica muestran la necesidad de revisar cuanto antes los requisitos para aspirar a la presidencia. El actual presidente, por ejemplo, vivió y trabajó las últimas décadas fuera del país, en realidades muy distintas a la nuestra.

Estos primeros meses, la administración Chaves se ha caracterizado por acciones y decisiones —tanto del mandatario como de sus ministros— alineadas con el estilo presidencial, improvisadas, ocurrentes y hasta absurdas. Son actores políticos sin experiencia y habilidades robustas técnicas, imprescindibles para gobernar Costa Rica en el complejo contexto del presente.

Por ello, creo que es vital fortalecer los mecanismos de selección de los candidatos para todos los cargos de elección popular, teniendo en cuenta asuntos delicados como los atributos personales y éticos de los aspirantes, por ejemplo, si han pagado impuestos y la seguridad social.

La democracia costarricense, además de personas con las cualificaciones técnicas y de gestión idóneas, requiere funcionarios íntegros. Con ese propósito, la legislación electoral debe actualizarse y fijar normas adecuadas. Le corresponde a la ciudadanía mejorar sus criterios y conocimiento para seleccionar a los mejores para gobernar el país.

ceciliacortes668@gmail.com

La autora es politóloga.