Toda persona –física o jurídica– que organice un evento privado (en forma ocasional o como actividad permanente) debe garantizar la seguridad. Así es, incluso, en discotecas y bares, donde el licor puede ayudar a “desatar pasiones”: en San José, a la discoteca con mayor capacidad pueden ingresar más de 1.000 personas, y la Fuerza Pública no llega cotidianamente a sus alrededores “por si hay problemas”.
En los partidos de fútbol realizados en los estadios, la “seguridad privada” debe resguardar la seguridad. Pero, “por si no lo hace (bien)”, la Fuerza Pública tiene la práctica de enviar oficiales a cuidar las afueras de los estadios donde se realiza la actividad privada y lucrativa... ¡Nuestros policías tienen que estar cerca, por si hay desórdenes! Mala práctica, que, en el fondo, subvenciona con el cuido una actividad lucrativa privada: ¡la seguridad reforzada por el Estado y no por los organizadores!
Las autoridades de salud y municipales, para dar los permisos respectivos, deben exigir a sus organizadores plenas garantías de seguridad privada.
Es hora de que la Fuerza Pública no desatienda espacios públicos por enviar, “por si acaso”, a oficiales a resguardar de oficio las afueras de eventos privados y lucrativos.
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