En su sed de captación de recursos, Hacienda cree sus propias mentiras y pretende instituir una nueva versión del impuesto a las casas de lujo, que abarca paradójicamente a la gran mayoría de las viviendas de la clase media alta, compuesta principalmente por familias de profesionales y medianos empresarios.
Lo hará al imponer una base de costo de construcción de ¢108 millones para empezar a cobrar un impuesto con el cual piensa pasar de cobrar ¢5.000 millones a ¢60.000 millones al año. Para ello, duplicará la tasa base del 0,25 % al 0,50 %.
Cuando la ley actual entró en vigor, el dólar costaba ¢523. Con ¢108 millones era posible construir casas de aproximadamente 300 metros cuadrados, a un costo de $206.500. Con el dólar hoy a ¢624, con los mismos ¢108 millones se construyen viviendas de aproximadamente 216 metros cuadrados. Todos sabemos que las de lujo no miden 216 metros cuadrados ni valen $170.000.
Es necesario entender que en el mercado de los bienes raíces se negocia en dólares. Además, el costo de la importación de muchos de los productos para la construcción se ha incrementado en los últimos años.
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Según la ley vigente, al tipo de cambio actual, una casa de lujo tiene un valor de $213.000, y de golpe y porrazo pasarán a estar en esta categoría las de $170.000, que no son pocas, pero incluyen a toda la clase media alta del país que, gracias a su esfuerzo y a 30 años plazo, está pagando una hipoteca al banco, usualmente con los ingresos de dos profesionales, que juntos alcanzan unos ¢3 millones al mes, de los cuales han decidido disponer de un millón mensual para vivir en una casa decente, cómoda y bien ubicada. Esas características no las convierten en casas de lujo, ni convierten en millonarios a esos profesionales o empresarios que lo que tienen es una deuda a 30 años plazo.
El concepto de un impuesto solidario a los que tienen mucho y de verdad poseen casas de alto valor se perdió, y migra a un impuesto que afecta directamente a la clase media alta, que de por sí ya paga en la actualidad cerca de ¢300.000 anuales a la municipalidad por vivir donde vive y ahora tendría que pagar ¢750.000 anuales más para Hacienda.
Bajo la ley vigente, el impuesto solidario recae sobre el segmento A de los niveles socioeconómicos. Este está compuesto en la GAM por cerca de 45.000 hogares con ingresos mensuales superiores a ¢4.375.000. En este grupo están las pensiones de lujo, que a mi juicio deberían desaparecer antes de modificar la ley como se pretende.
La nueva propuesta legislativa abarca a casi todo el segmento socioeconómico B, al cual pertenecen las familias con ingresos mensuales de entre ¢2.350.000 y ¢4.375.000, compuesto por unas 60.000 familias de la GAM, con lo cual la cartera de cobro ascenderá a, como mínimo, 100.000 familias solo en la GAM.
Será un impuesto para muchos costarricenses, no solo para quienes más tienen. Vamos a ver si los diputados que, bajo esta nueva definición viven todos en casas de lujo, aprueban otro golpe directo a sus bolsillos y a los de los ciudadanos, para seguir pagando las deudas del gobierno, sin que este se soque la faja y baje sus gastos.
Es correcto lo que dice Carlos Vargas, director de Tributación, una casa de ¢90 millones no es modesta, pero ciertamente dista mucho de ser lujosa.
Según el nuevo criterio impositivo, la totalidad de las familias que compren una casa en condominio, hasta en esos donde están todas pegaditas y miden unos 250 metros cuadrados de terreno con sus 216 de construcción, residirán en una casa de lujo. Basta con ojear una revista de bienes raíces para constatar que la mayor parte de la oferta está dentro de esos parámetros.
Por feo que suene decirlo, es un impuesto a las casas que no sean de interés social, pequeñas, viejas y en barriadas peligrosas y conflictivas. Así, que por lo menos cámbienle el nombre a la ley y no engañen a los ciudadanos haciéndoles creer que es solo para los que viven en casas de verdadero lujo.
El autor es ingeniero y corredor de bienes raíces.