Luis Lorenzo Rodríguez Bolaños.   27 enero

El título de este artículo es una norma establecida en nuestra Constitución Política. Aun así, en la edición de La Nación del 23 de enero se publicó un estudio de su propia autoría (“Policías del Ejecutivo reciben los peores salarios del Estado”) en el cual presenta un resumen del caos salarial del sector público, lo que muestra las injusticias y su falta de sustento técnico y legal.

Lo primero que nos debe llevar a la reflexión y a los cuestionamiento es: ¿por qué son los periodistas de La Nación quienes realizan estudios sobre salarios de la administración pública si hay tantas instituciones que deberían tener esta información siempre actualizada? Instituciones como la Contraloría General de la República (CGR), los ministerios de Planificación, de Trabajo, de Hacienda, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Dirección General de Servicio Civil, los centros e institutos universitarios de investigación en asuntos económicos, laborales y de administración pública y los estudiosos del Estado de la Nación, entre otros, deberían contar con esta información.

Ninguna de las instituciones antes mencionadas ha realizado ni publicado estudios actualizados, detallados, claros, sobre la realidad salarial del sector público. Lo poco publicado consiste en cifras agregadas y difusas que no permiten llegar a ninguna conclusión importante. Ante tanta negligencia, no se puede alegar falta de recursos. La verdadera razón, es, simplemente, que estas instituciones son parte del problema y nunca han sido, ni son, ni serán, parte de la solución.

La Administración Pública debe dejar de ser el amasijo de feudos sin señor

Los partidos políticos tampoco han hecho nada para que se conozca esta realidad; sería como alborotar el panal que ellos mismos construyeron. Son los verdaderos y únicos responsables de este caos, de un país dividido en dos poblaciones de trabajadores, unos, con salarios y privilegios de primer mundo y los del sector privado, encargados de mantener al despilfarrador sector público.

Información pendiente. Además de la información estrictamente salarial, existen muchos otros asuntos de interés general sobre los cuales sería importante conseguir información para conocer el destino de los fondos aportados por los costarricenses. Expongo algunas sugerencias.

- Dividir los puestos de cada institución en dos grupos: el sustantivo, llamado también núcleo operativo, el cual es la razón de ser de cada institución, y el conocido como sector administrativo, el cual comprende los niveles superiores, mandos medios, de control, técnicos y de apoyo, y así determinar el número de servidores en cada sector. Luego, poder conocer para cada grupo el salario promedio, cuántos puestos tienen subalternos a cargo, y cuantas jefaturas sin subalternos existen.

- Otro dato interesante sería conocer de las universidades públicas, sobre los profesores en propiedad, llamados de régimen académico (son los que pueden votar y así elegir a sus jefes) y sobre los profesores interinos, el número de horas lectivas que imparten en promedio en un semestre, según las fracciones de contratación y las remuneraciones.

- También el país debe conocer las cifras sobre aguinaldos de lujo y los montos obscenos que se giran en algunos casos en las prestaciones, incluyendo todos los conceptos que se pagan al retiro de los trabajadores, como las vacaciones que, supuestamente, no se disfrutaron y cesantía, que en algunos casos llega a superar los 30 meses.

Queda mucha tela que cortar, sobre evaluaciones, nombramientos, nepotismo, concursos, citas e incapacidades en la CCSS, viajes y los programas que otorgan grados académicos mediante pagos onerosos, pero exentos de los emblemáticos requisitos de examen de admisión, estudios generales y tesis de grado. Los periodistas seguirán teniendo mucho que investigar.

Ley de Lorenzo. De todo este caos en el empleo público, se pueden resumir tres conclusiones importantes: 1. El poder político, para su conveniencia nunca ha creado un ente regulador del empleo público como lo establece la Constitución Política. 2. Por la misma razón no se ha creado ningún ente responsable de velar por la eficiencia y productividad de las instituciones públicas, siendo esto prioritario en la Constitución. 3. El estudio de La Nación muestra que los policías son los más mal pagados y los funcionarios de turismo y del Poder Legislativo y sus entes adscritos, los mejor remunerados. Esto confirma la ley anunciada el 14 de agosto anterior en un artículo que publiqué en esta misma sección (“¿Dónde reducir los gastos?”): “En la administración pública, entre más alejado se encuentre el funcionario del ciudadano, mayores serán sus ingresos y beneficios y menores serán sus responsabilidades y controles”.

La Constitución Política debe ser revindicada, la Administración Pública debe dejar de ser el amasijo de feudos sin señor, como ya lo anunciaba y temía Rodrigo Facio Brenes en sus discursos en la Asamblea Constituyente de 1949.

Este caos requiere con urgencia evaluaciones externas y mandatos claros y precisos del poder político a las instituciones, para que retomen los principios constitucionales de justicia, eficiencia y rendición de cuentas.

El autor fue director Escuela de Administración Pública