EscucharSon poco más de 200.000 las personas que se reportan desempleadas en Costa Rica. De ellas, el 70% son personas entre 15 y 34 años de edad, es decir, jóvenes. A su vez, del total de desempleados, el 68% no ha completado la secundaria (Encuesta Continua de Empleo, ECE 2016).
Si miramos la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho, 2016), sobresale que un 43,4% de las personas desempleadas están en condición de pobreza.
Si bien una economía en crecimiento y un mercado laboral sano y dinámico son claves para reducir el desempleo, estas condiciones son necesarias, pero insuficientes, para generar una reducción del desempleo en Costa Rica. Los empleos que la parte dinámica de la economía genera no están haciendo match con el perfil de una gran parte del recurso humano desocupado.
Tengo la convicción de que cambiar este panorama es uno de los retos centrales, si no el principal, que Costa Rica debe superar para alcanzar una etapa superior de desarrollo económico y social.
La experiencia de la Estrategia Puente al Desarrollo y de esfuerzos público-privados de intermediación sociolaboral, específicamente la experiencia ejecutada por Horizonte Positivo, Caturgua y el Gobierno en Guanacaste, han mostrado los desafíos en esta materia.
Muchas de las personas desempleadas y en pobreza tienen necesidades psicosociales importantes. Es frecuente la carencia de empoderamiento real y existen casos de violencia o de adicciones, así como de mucha necesidad material.
El trabajo de campo ha demostrado que, por ejemplo, aun teniendo entrevistas de trabajo, muchas personas no asisten a ellas pues no se sienten sujetos de ese derecho, no tienen la ropa adecuada o no saben cómo desenvolverse en estos medios.
Las personas en esta condición requieren de acompañamiento psicosocial, apoyos económicos –el hambre no respalda el estudio–, horarios nocturnos y de fin de semana, facilidades de transporte sobre todo en áreas rurales y de cuidado, principalmente para abrir oportunidades para las mujeres.
Trabajo de campo. No basta que la Administración Pública espere en sus ventanillas institucionales para atender a esta población. A este recurso humano latente tenemos que ir a buscarlo, empoderarlo y guiarlo en la ruta del desarrollo humano con cogestión social e intermediación laboral.
El músculo institucional tiene la escala para acometer la tarea. Solo en el 2015, el INA llegó a 136.000 personas en todo el país, con un promedio de 2,3 cursos por persona atendida. La institución en un plazo corto tiene el poder de cubrir a toda la población desempleada. Pero para ello debe volcar esta tarea como la prioritaria.
El MEP cuenta con 77.000 funcionarios en el país y el presupuesto más robusto. Sin perder la vocación universal de nuestra educación pública, y siempre en procura de la calidad, debemos priorizar a esta población excluida con un enfoque de desarrollo humano.
Política productiva. Hay que completar el círculo de estos procesos formativos con un vínculo estrecho a las apuestas productivas. El sector privado es el principal empleador y motor de la economía. No podemos formar considerando solo las necesidades presentes o, menos aún, del pasado del sector privado.
Los ecosistemas productivos, los clústeres (turístico, agroindustrial, de tecnología etc.) y la política productiva deben alinear este esfuerzo basado en confianza, trasparencia y coordinación. (Vea el artículo www.nacion.com/opinion/foros/aliado_0_1069893072.html).
Las decisiones formativas del recurso humano en su plano territorial y temporal tienen que responder a apuestas productivas alineadas y para minimizar formaciones desactualizadas, capacitaciones en campos de poca demanda o migraciones al centro.
Activar este motor dormido desembocará en crecimiento económico y el bienestar compartido para generar una sociedad más inclusiva, segura y pacífica. Trabajar estas áreas no solo tiene como meta incrementar el bienestar de familias, sino poner un cerco a la penetración de actividades como el narcotráfico, que encuentran terreno fértil en las zonas de mayor necesidad.
En síntesis, hoy vivimos un modelo productivo que crece, pero que a su vez genera un muro de desigualdad y exclusión hacia las personas de baja escolaridad y bajos ingresos. El reto es cómo emplear o incorporar a emprender estas personas y que sus hijos logren romper el ciclo generacional, manteniéndose en el sistema educativo y logrando capacitarse en áreas más productivas o en emprendimientos propios.
Propusimos en agosto del 2014 una hoja de ruta para combatir la pobreza ( www.nacion.com/opinion/foros/Hoja-ruta-pobreza_0_1434856525.html ). Con la misma convicción que la anterior y con los resultados que esa rindió como evidencia, aseguro que la ruta integrada de la cogestión social, intermediación sistémica de empleo y la alianza productiva público-privada, junto con los trabajadores, son el mejor camino para reducir el desempleo del país, pero, más importante, para dar un salto en desarrollo económico y social.
Si algo debe resolver el poder político, desde cualquier trinchera, es esto.
El autor es ministro de Trabajo.
