Jorge Guardia. 17 mayo

El gerente del Banco Nacional, Juan Carlos Corrales, y yo sustentamos tesis contrapuestas sobre los problemas de la banca pública y las finanzas del Estado; también, tenemos intereses divergentes. Él defiende una banca pública de la cual deriva, junto con sus empleados, jugosos sueldos y beneficios (tal vez gana más que su tocayo español, el rey Juan Carlos); yo velo por los contribuyentes y deudores, castigados con dureza por un oligopolio con tasas de interés cuatro veces más altas que la inflación.

Sería muy fácil para mí refregarle los desmanes de la banca pública en los casos del cemento chino, Coopelesca, Yanber y otros, concedidos bajo presunta influencia política de los más altos niveles; la investigación abierta contra los directivos del Banco Nacional, en febrero del 2017, por intentar acaparar las juntas directivas de las subsidiarias o cuando prescindieron del director Víctor Ramírez por enarbolar la bandera de la decencia bancaria. Pero no. Prefiero que la Fiscalía (mujer maravilla) y los tribunales de justicia completen su labor y concentrarme en los problemas de fondo y las falencias de la banca pública señaladas en los informes del FMI, BCCR y el Estado de la Nación para que la discusión sea edificante.

Los bancos del Estado han estado mal manejados y politizados

La banca pública es muy ineficiente. No lo digo yo, lo dice el XXII Informe Estado de la Nación, que resume muy bien El Financiero del 20 de noviembre del 2016: “Los bancos del Estado siguen siendo menos eficientes que los privados. Los gastos operativos –principalmente generados por el personal– y la falta de productividad de la fuerza laboral explican esa brecha en la eficiencia operativa entre ambas aceras bancarias”.

Luego, agrega que controlan el 70 % del mercado en colones, lo que les permite imponer sus tasas al mercado y –paradójicamente– los bancos privados se aprovechan de ello para obtener pingües ganancias.

“La banca privada se ampara en la menor eficiencia operativa de la banca pública para mantener márgenes de intermediación superiores a los que existirían en un escenario de competencia más abierta y agresiva”.

Hay que agregar que los bancos públicos disfrutan gratuitamente el seguro de depósitos del Estado, el monopolio de las cuentas del sector público y sus cuentas corrientes no contribuyen a la banca de desarrollo. Si se privatizaran y entraran a competir grandes jugadores más eficientes, el país se beneficiaría con mejores servicios y tasas más bajas y mayores impuestos sobre la renta. El margen en Costa Rica duplica el de los mercados internacionales.

Estudios. El BCCR, en estudios sobre el margen de intermediación financiera y poder de mercado de los bancos públicos (Alonso Alfaro y Evelyn Muñoz; Alejandro Castro y Allechar Serrano), también concluye que los bancos tienen una gran concentración del mercado, no hay suficiente competencia (oligopolio) y el margen de intermediación es muy alto. Eso significa tasas de interés más elevadas.

Dicen: “Los resultados empíricos confirman las premisas en torno al comportamiento bancario que lo ubica como una estructura no competitiva tipo oligopólica. El hecho de que la banca costarricense opere en un mercado no competitivo implica que el precio no es igual a su costo marginal y, por lo tanto, la producción no sea óptima; es decir, se ofrecen menores servicios financieros a los que existirían en un equilibrio competitivo”. ¿Cómo generar más competencia? Ahí entrarían a jugar grandes bancos internacionales, mucho más eficientes y baratos.

El FMI, en su Revisión de la Estabilidad del Sector Financiero (2018), dice: “Costa Rica still has the largest presence of state owned financial institutions in Latin America” (o sea, nos estamos quedando rezagados). “The dominant and distortive role of the state-owned institutions in the financial sector has worsened the macrofinancial environment, fragmented market and exacerbated competitive disadvantages” (pág. 13).

Ineficiencia. Con toda razón, el BCCR se queja de la lenta transmisión de sus tasas de interés al resto del sistema para controlar la inflación o estimular la reactivación, según las circunstancias. En ese contexto, el Informe Estado de la Nación concluye: “La ineficiencia operativa de la banca estatal y su poder oligopólico en la intermediación en colones constituyen una barrera para superar la rigidez de los ajustes a la baja en las tasas de interés del B. C.”.

Recuerdo muy bien cuando, en el 2014-2015, el BCCR trató de bajar su tasa de política monetaria para estimular la producción, pero Juan Carlos se opuso rotundamente (lo dijo en una conferencia de prensa en la que estuve presente). La inflación iba a la baja, pero no quería trasladarla a los deudores, como sería lo justo.

Finalmente, se ufana de la millonada que el Nacional traspasa a Conape, CNE, CCSS e Infocoop (¢55.250 millones anuales), pero eso no es más que un eufemismo para confundir a los lectores.

Esas sumas no salen de la generosidad del Banco Nacional, sino de las altas tasas de interés que nos cobran a los deudores (los patos de la fiesta). Por eso mantengo mi tesis original: los bancos del Estado han estado mal manejados y politizados, afectan indebidamente la política monetaria del BCCR en detrimento de la estabilidad y crecimiento, conforman un oligopolio en sus operaciones en colones, son menos eficientes comparados con estándares internacionales (más burocráticos), cobran tasas muy caras y distribuyen a sus empleados rebosantes tajadas de sus utilidades (¡Dichosos!).

Si se vendieran en bolsa se podría lograr un precio mayor que el valor nominal del patrimonio en libros; alternativamente, se puede solicitar asesoría al Banco Mundial para privatizarlos con toda probidad y transparencia, reducir significativamente la deuda pública, disminuir el monto de nuevas cargas impositivas, disminuir tasas de interés y estabilizar la economía, aspectos que ignora mi contendor. Defender el statu quo en las circunstancias actuales va a contrapelo del desarrollo económico e interés general.

El autor es economista.