EscucharAlgunos medios informaron recientemente de que varios bancos internacionales involucrados en el financiamiento de la construcción de la Planta Hidroeléctrica Reventazón, ubicada en Siquirres de Limón, han activado sus mecanismos de consulta e investigación a raíz de denuncias sobre supuestos impactos ambientales causados en áreas aledañas al proyecto.
A continuación se analiza el papel de las entidades financieras en proyectos que podrían generar daños ambientales con el fin evaluar la adopción en nuestro país de buenas prácticas en materia financiero-ambiental que permitan ejercer un control más eficaz de los proyectos y actividades de las empresas. Este artículo no pretende analizar los posibles impactos ambientales de dicho proyecto, ni las medidas de mitigación que podrían aplicarse.
A escala internacional existe una creciente tendencia dirigida a corresponsabilizar a las entidades financieras de los daños ambientales generados en los proyectos financiados por ellas. Esto nace como una evolución lógica de un principio: los financiadores no debe facilitar fondos para actividades ilícitas, dentro de las cuales se ubicarían los daños ambientales.
Por ejemplo, iniciativas de las Naciones Unidas bajo su programa para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación y degradación de los bosques (ONU-REDD) y la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) han abogado por que las instituciones financieras elaboren análisis de riesgos ambientales y sociales de las actividades de sus clientes; incluso en Costa Rica se han llevado a cabo talleres en la Superintendencia General de Entidades Financieras en torno a esta tendencia internacional en el contexto de la regulación financiera costarricense. Asimismo, varios académicos costarricenses han respaldado esta tendencia y han encontrado amplio sustento en el ordenamiento jurídico existente.
Control. Dar una interpretación amplia a la responsabilidad de las entidades financieras en materia ambiental conlleva que estas se replanteen sus métodos de control sobre los proyectos de los cuales son acreedoras. Un involucramiento activo de ellas debe partir de un análisis de los riesgos ambientales de un proyecto y entender cómo estos pueden afectar el medioambiente, así como a la entidad financiera en un ámbito legal, económico y patrimonial.
Al verse las entidades financieras en la obligación de tomar posiciones más activas dentro del ámbito de prevención de daños ambientales, estas se convierten de hecho en aliadas del Estado en materia ambiental y en promotoras del desarrollo sostenible.
Las entidades financieras deberán ejercer un control eficiente en la aplicación correcta de las obligaciones ambientales que imponen las licencias, permisos y evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos de sus clientes.
En conclusión, los posibles impactos ambientales relacionados con la Planta Hidroeléctrica Reventazón brindan un contexto ideal para debatir cómo las acciones de los bancos internacionales reflejan un cambio de paradigma, a escala nacional, en cuanto a la responsabilidad que poseen las entidades financieras sobre los proyectos que financian. Sin embargo, el mayor beneficio que se puede derivar de una discusión de esta naturaleza es determinar cómo las entidades financieras costarricenses pueden convertirse en un aliado importante del Estado y de los desarrolladores de proyectos en materia ambiental.
El autor es abogado, especialista en derecho ambiental.
