Renuncia es una palabra que deben incorporar a su diccionario el director ejecutivo del Consejo de Transporte Público (CTP), Mario Zárate Sánchez, y la representante de los usuarios de buses y taxis en la Junta Directiva, la desconocida y silenciosa Olga Marta Barrantes Arias.
Los dos les han fallado a los usuarios y, por respeto a los dos millones de personas que viajan en buses, deben irse.
El caso que los expuso es la atribución que se tomó el CTP de autorizar a la busera Tuasa un “servicio especial” entre Alajuela y San José por el cierre del puente de la “platina”, con tarifa de ¢1.200.
Ni Zárate, desde su cargo de director, ni Barrantes, como “voz” de los pasajeros de buses, detuvieron ese error, no solo legal, sino contra el bolsillo de miles de usuarios.
Tuvo que ser la Procuraduría General de la República la que dijera que esa autorización es ilegal pues la ley 3503 no permite al CTP crear nuevas modalidades de “servicios especiales”, como el que quiso imponer. Tuvo que ser la Procuraduría la que le informara a Zárate que los “servicios especiales” son regulados por la Aresep y no por el Consejo de Transporte.
Zárate, como cara del CTP, había defendido a ultranza la legalidad del permiso a Tuasa y, en menoscabo del usuario, el 18 de enero se dejó decir que si el cliente cree que el precio es desproporcionado, “ahí está el servicio regular y los viajes directos a ¢500”. Muy irónico este señor de quien se esperaría que proteja al usuario de tarifas desmedidas.
De Barrantes, no se sabe nada. Como representante de los pasajeros, ni dio la cara para salir en su defensa.
El 26 de enero, el ministro del MOPT, Carlos Villalta admitió ante los diputados, al defender un proyecto de ley para reformar el CTP, que allí hay problemas. Según Villalta, Zárate y la Directiva hacen buena labor, pero son débiles en el área técnica. Entonces, ¿por qué el Consejo de Gobierno de Luis Gmo. Solís y sus ministros los nombraron?
El error con Tuasa y la declaración del ministro deben llevar a Zárate y Barrantes a alejarse del CTP, a dejar la silla a personas conocedoras de la ley y la materia. Si no, la decisión debe tomarla el Consejo de Gobierno, también por respeto a los dos millones de pasajeros de buses.
El autor es jefe de redacción de La Nación.