Reforma fiscal: ¿plan B?

El plan B que algunos piden,sería el que deje las cosas igual

Hablar en forma simplista de un “plan B” para enfrentar la situación fiscal del país, es desconocer la realidad de lo que se ha trabajado y discutido al respecto durante el último año. La responsabilidad con la que el Gobierno de la República ha abordado el tema fiscal no se limita a una propuesta para aumentar impuestos, ni mucho menos a planes “B”, “C”, “D” u otros en ese campo únicamente.

Si así fuera, estaríamos hablando de un paquete o un parche de contingencia que no es más que aumentar temporalmente las tasas de algunos impuestos para atender una situación coyuntural, que, como la propia experiencia lo demuestra, nos desgasta y nos lleva en poco tiempo al punto de origen.

Medidas estructurales. Ya ha sido suficiente de ese círculo vicioso. Por eso, desde enero del 2010 se ha planteado una Política Nacional de Sostenibilidad Fiscal, con medidas en todos los campos fiscales: Gasto Público, Deuda, Estructura de los Impuestos, Fortalecimiento de la Normativa Tributaria y Aduanera y Responsabilidad Fiscal. Las medidas son estructurales y representan una solución sostenible que responde a un análisis profundo de cada uno de sus componentes.

Sin perjuicio de las acciones tomadas en reducción del gasto y mejora en la gestión de impuestos, ninguna propuesta responsable puede prescindir de reformas en el tema tributario, mucho menos cuando tenemos un sistema caracterizado por grandes vacíos legales que favorecen impunemente la evasión, al tener una construcción de las leyes de los principales impuestos –como el de renta y el de ventas– altamente regresiva y, consecuentemente, un potencial recaudatorio limitado en sí mismo y comparativamente con sociedades que tienen ingresos per cápita y servicios públicos similares a los nuestros.

En estas condiciones, prescindir de un ajuste en los ingresos implicaría un crecimiento insostenible de la deuda, a la vez que se estaría promoviendo la continuidad de un sistema tributario regresivo y cómplice con el fraude.

En particular, el Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria uniforma tasas y elimina tratamientos privilegiados en las rentas del capital. Globaliza las rentas financieras con las rentas empresariales y regula la subcapitalización y los precios de transferencia con normas antiabuso, propias del impuesto sobre la renta, que hoy no se tienen. Por su parte, en el impuesto sobre las ventas se mejora su esencia de valor agregado, para potenciar su capacidad de autocontrol, manteniendo solo las exoneraciones que cumplen con el objetivo de proteger los consumos básicos y excluyendo exenciones regresivas, que no solo favorecen a los sectores de ingresos más altos, sino que le restan progresividad al sistema, al disminuirle recursos sanos que deben dirigirse a los sectores más vulnerables.

Sistema más progresivo. No es casualidad que estudios del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica y del Programa Estado de la Nación hayan indicado que el Proyecto hace el sistema más progresivo en su conjunto. No es casualidad porque está orientado a eliminar privilegios fiscales mucho más que a subir tarifas.

Tanto así es que, aun con los ajustes realizados, más del 60% de la recaudación esperada en el impuesto de ventas proviene de la eliminación de exoneraciones y en renta es el producto de la eliminación de tarifas reducidas y hasta nulas en ingresos que perciben los estratos más altos.

Además, en cuanto a evasión, la propia Contraloría General de la República ha señalado en sus informes y en foros técnicos que una parte importante obedece a la construcción actual de las normas y recomienda, puntualmente, que se reforme el impuesto sobre la renta ampliando su base, reduciendo la dispersión tarifaria e incorporando normas de precios de transferencia y subcapitalización. En el de ventas, recomienda ampliación de base a bienes y servicios, deducción financiera y racionalizar exenciones. Justamente, las características esenciales del Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria.

¿Cuál será el plan B que algunos dicen que hace falta? Será el que deje las cosas igual, negándole al sistema avanzar hacia la progresividad y eliminar los portillos que hoy favorecen “legalmente” la evasión. Será un parche para patear la bola hacia adelante y que el esfuerzo de fondo se diluya en el tiempo. O será que no se ha revisado la totalidad de las medidas de sostenibilidad fiscal y alguien va a sorprendernos recomendando algo que ya se está haciendo.

Abordemos este asunto con la seriedad que amerita. La situación no está para perder el tiempo, proponiendo generalidades sin fundamento técnico o sin información completa. Si vamos a proponer en serio, tengamos el mínimo cuidado de revisar a fondo los proyectos presentados, las acciones tomadas, los estudios técnicos de los órganos especializados, sus recomendaciones y la magnitud en cifras de la situación fiscal.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.