Andrés Formoso O.. 19 agosto

El 9 de agosto pasado el dueño de la ruta Periférica, Luis Diego González, publicó en estas páginas el artículo titulado “Transporte público en crisis”. No podría yo estar más de acuerdo con González en la aseveración inicial: “El transporte colectivo atraviesa una grave crisis” y, sin duda alguna, las cifras que cita de la encuesta nacional de percepción de los servicios públicos de la Contraloría General de la República sobre la baja en tres años de la demanda del servicio de 74 % a 58 % así lo constatan.

El transportista atribuye el problema a una serie de factores, como la acelerada venta de autos y motos, el transporte informal, la incapacidad política y la ausencia total de inversiones en infraestructura para esta forma de desplazamiento, para justificar la situación que hoy vivimos.

Curiosamente, no menciona en ningún momento como causas de la disminución del uso de los buses problemas como la ineficiencia del servicio, el estado y las características técnicas de las unidades, el incumplimiento y la ausencia de horarios en las paradas, la falta de espacios adecuados para la espera (al menos en el punto de inicio y terminación del servicio) y los constantes accidentes de tránsito donde son los protagonistas, entre otros elementos.

Preocupación. Para González, el principal punto de preocupación es el cálculo tarifario desarrollado hace tres años por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que hace poco atractiva la prestación del servicio y amenaza con convertir en monopolio u oligopolio la actividad.

Puedo entender que haga una lectura de la realidad desde la perspectiva de un empresario, pero hay que tener presente que el transporte público es un servicio y, como tal, tiene como punto central el usuario y no exclusivamente el negocio del concesionario.

Desde que se planteó la sectorización, hace más de dos décadas cuando estaba de ministro de Obras Públicas y Transportes Rodolfo Méndez por segunda vez, uno de los puntos medulares fue la conformación de grandes bloques de rutas y empresas. Se dio el tiempo y facilidades para que los autobuseros se organizaran entre ellos para trabajar de manera unificada. Si no lograron hacerlo, o fueron víctimas los unos de los otros, no es responsabilidad del Estado o de quienes usamos el servicio.

Los costarricenses acudiremos de manera sistemática y regular al transporte público cuando este satisfaga nuestros intereses y no solo los de los empresarios. Al ciudadano le interesa tener un servicio eficiente, limpio, seguro, puntual y no nos interesa si lo brinda un conglomerado de empresarios, una cooperativa o dos o tres empresas gigantescas.

Adecuado. Es responsabilidad del Estado asegurar que el transporte público tenga las características adecuadas para que los ciudadanos lo tomemos en serio. En la medida en que los intereses del Estado, los prestatarios y usuarios converjan, todo está muy bien. Pero no debe perderse de vista que el eje central del transporte público es el usuario.

Curiosamente, el pago electrónico solo es mencionado por González de manera colateral y no como uno de los pilares para un servicio justo para todas las partes.

El modelo de cálculo tarifario desarrollado por la Aresep, del que reclama González, podría ser mucho más preciso y justo para empresarios y usuarios si incluyera toda la información que genera el pago electrónico.

Cantidad de pasajeros por bus, kilómetros recorridos por unidad, duración real de los viajes, consumo de combustible individualizado, lubricantes, llantas y partes de repuesto, así como la puntualidad en salidas y llegadas serían fácilmente valoradas en su justa medida.

El empresario asevera que “La historia mostrará quienes son los responsables de esta cara aventura nacional”, y agrego yo: serán quienes no supieron adaptarse a los cambios y condiciones que genera la prestación de un servicio acorde con las necesidades reales de los usuarios. Quienes solo buscaron perpetuar su modelo de negocio y no fueron capaces de entender que los tiempos y las condiciones cambian con el desarrollo de un país, desaparecerán.

En lo que sí tiene toda la razón el dueño de la Periférica es en que el Estado, como mediador (sea a través de la Aresep o del Consejo de Transporte Público), tiene la obligación de llevar a cabo su función de manera ágil, eficiente y sobre todo austera. Y no elevar los costos para prestatarios y usuarios inflando de manera injustificada el valor de su intermediación por errores e incapacidades de los que no se sientan responsabilidades civiles.

El autor es periodista.