Jorge A. Jiménez. 27 septiembre, 2018

Las zonas costeras fueron consideradas, por siglos, regiones fronterizas y poseedoras de recursos inagotables. Registran hoy uno de los índices más altos de pobreza del país, pobreza que no se resuelve haciendo lo mismo que la generó. Diversos cambios, postergados por décadas, deben hacerse.

Nueva pesca. Debido a la idea de que la riqueza marina es inagotable, la explotación pesquera sigue siendo fomentada a través de subsidios, exoneraciones y un laxo sistema de licencias. Métodos destructivos, como el arrastre, y prácticas inmorales, como el desaleteo de tiburones, son remanentes de una cultura de explotación y desprecio por la vida marina.

Ese descontrolado proceso terminó degradando el recurso pesquero y el tejido social de las comunidades costeras. Está claro que miles de familias no pueden seguir viviendo de la pesca insostenible; urge un sistema sustentado en conceptos técnico-científicos, no en conveniencias políticas. El Incopesca debe convertirse en una institución fortalecida, apolítica, controlada por el Estado y no por los usuarios. Solo así la pesca será un elemento del desarrollo sustentable.

Nuevos sectores (turístico, conservacionista, energético, transportista, etc.) se proclaman activos usuarios del espacio marítimo. Su creciente influencia en los mares genera nuevos retos y oportunidades para el ineludible manejo integral costero-marítimo.

Nuestro país, sin embargo, no ha planificado el uso de ese espacio, que cubre el 92 % del territorio jurisdiccional. Sin planificación y ordenamiento, los conflictos entre usuarios y el ambiente se incrementan exponencialmente.

Gobernanza. La gobernanza de nuestros mares, aún hoy, continúa siendo un proceso reactivo, sujeto al vaivén de las protestas y los bloqueos de los pescadores y las sentencias de los juzgados.

Nuestro país no ha logrado sacudirse el concepto de que el mar es frontera y se sigue manejando como tal. Urge una gobernanza multisectorial en nuestros mares, donde los intereses nacionales primen sobre los intereses sectoriales. Pero continuamos manejando los mares con políticas reactivas y débiles instituciones que responden a las condiciones del siglo pasado. En el país, urge el funcionamiento de un fuerte órgano estatal que establezca el rumbo de nuestros mares y coordine la acciones de las instituciones sectoriales relacionadas con esta materia.

El desarrollo costero debe evolucionar hacia un proceso integral donde la pesca sea solo uno de los componentes. Conforme la demanda por empleos aumenta, deberían aumentar las opciones en maricultura, pesca de atún y ecoturismo comunitario, pero también en agricultura, industria y servicios. Sin embargo, los gobiernos han hecho poco o nada para fomentar estas actividades.

Seguimos aferrados al antiguo concepto de que la pesca puede mantener crecientes niveles de extracción sin afectar las poblaciones de peces. Mientras tanto, el modelo vallecentrista de desarrollo le pasa la factura a nuestras costas, que se quedan sin posibilidades de empleo.

Mientras estos cambios no se den, nuestras costas seguirán acumulando pobreza, viendo a los mejores de sus jóvenes migrar al Valle Central y a unos pocos empresarios degradar el recurso marino que pertenece a todos los costarricenses.

El autor es director general de Fundación MarViva.