¿Quién paga las tortas de los gobernantes?

Si en la democracia el poder y el dinero que administran los gobernantes proviene del pueblo, los gobernantes tienen la obligación de dar cuentas y responder permanentemente por lo que hacen con ese poder y ese dinero. Por eso, el artículo 9 de la Constitución Política establece que el gobierno de la República es responsable, al contrario de lo que sucede en las dictaduras en las que el dictador no rinde cuentas a nadie ni responde por sus acciones.

¿En qué consiste el principio de la responsabilidad? En que los funcionarios públicos deben rendir cuentas y sufrir las consecuencias de sus actos u omisiones en el ejercicio del cargo, cuando con tales actos y omisiones perjudiquen el interés general y el patrimonio público. Por ejemplo, alguien debería responder por la piñata de la ruta 1856, por la refinería fantasma, por las fallidas reparaciones del puente de la platina, por la abortada construcción de la carretera a San Ramón, por el premeditado error en la conexión de la carretera a Limón con el megapuerto y por las faltas graves y procederes incorrectos de los diputados.

No obstante los millonarios costos que estas tortas implican para la economía del país, en Costa Rica las autoridades superiores del sistema, entiéndase el presidente de la República, los diputados, los magistrados, los ministros y demás autoridades del sistema, no responden de ninguna forma por los proyectos o políticas públicas mal concebidas o mal ejecutadas.

Ninguna de las autoridades políticas superiores del sistema han sido siquiera amonestadas por las millonarias pérdidas que con su torpe y negligente actuar le han causado a los costarricenses.

Inamovilidad. Pero el problema no se queda ahí. Como los personajes de la cúpula no responden, el vicio chorrea hacia abajo, corroyendo todo lo que se encuentra a su paso, al punto de que hoy resulta prácticamente imposible destituir a cualquier funcionario público, aunque incurra en faltas muy graves.

Vivimos en el reino de la irresponsabilidad y la impunidad. No se puede gestionar bien un sistema en el que las autoridades superiores no están obligadas a rendir cuentas, o someterse a la evaluación de resultados y, eventualmente, responder o sufrir las consecuencias de sus acciones y omisiones.

No es justo que la gente, que los ciudadanos, que el pueblo termine pagando miles de millones de colones por los daños y perjuicios ocasionados por sus gobernantes.

Esto debe corregirse. Así pues, ante una eventual reforma constitucional, debemos proponernos regular con el mayor rigor posible el principio de la responsabilidad, con el fin de mejorar la eficiencia del Estado, la honestidad en el ejercicio de la función pública y erradicar para siempre la impunidad que hoy cobija a las autoridades políticas superiores del sistema.

Cualquier retraso en la adopción de las medidas que sean necesarias, cualquier titubeo en la firmeza y en la profundidad de las reformas que requiere nuestro sistema político, podría provocar la indignación ciudadana y el colapso de la democracia.

El autor es abogado.