Hoy en día nuestra sociedad ha puesto el grito en el cielo y se ha puesto a pensar qué pasa en nuestras cárceles. La mayoría de la sociedad costarricense observa día a día a través de la prensa guerras dentro de nuestras cárceles y una serie de acontecimientos irregulares, que sin lugar a duda causan inseguridad al resto de la sociedad.
Pero ¿cuál es la solución a este problema?
Haciendo un análisis de acuerdo la problemática nacional, me parece que es un dilema relacionado al quebranto de derechos fundamentales y olvido legislativo que afecta directamente a las personas privadas de libertad recluidas en diferentes centros de atención y supervisión institucional que existen a lo largo de nuestro territorio nacional.
Desde una perspectiva jurídico- penal, el sistema penal nacional está dirigido principalmente a garantizar y supervisar los derechos fundamentales del imputado en la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Pero ¿quién regula y cuida los derechos fundamentales de las personas sentenciadas? La competencia reside en los juzgados de ejecución de la pena.
Para los que hemos hecho del derecho penal una forma de vida, sabemos que la materia de ejecución de la pena se ha vuelto el “patito feo de los cuentos”. Con esto quiero decir, ilustrativamente, una materia olvidada por nuestros legisladores. Hoy, precisamente a través de los medios de comunicación, estamos viendo ya las consecuencias de este olvido legislativo.
Señores legisladores, debemos ver nuestro sistema penal de manera integral tomando en cuenta todas sus etapas.
El proceso no se finaliza con el dictado de un fallo condenatorio, enviado al sentenciado a prisión. No se puede dejar de lado el fin mismo de la pena.
La consecuencia de este olvido es, sin duda alguna, el resultado de la crisis carcelaria que vive hoy nuestro país.