Se ha presentado en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley contrario a la Constitución Política (Capítulo 21: “La vida humana es inviolable”) y ajeno al sentir costarricense. Lo acogen tres diputadas: Patricia Mora Castellanos, Sandra Piszk Feinsilberg y Epsy Campbell Barr, pertenecientes, por su orden, a los partidos Frente Amplio, Liberación y PAC. Se trata de introducir un capítulo III al título I de la Ley General de Salud No. 5395, del 30 de octubre de 1973, y sus reformas.
Mariano Artigas expresa: “Muchos e importantes filósofos, desde Nietzsche a Husserl, Apel, Gadamer, Habermas, Heelen, Kisiel, Kockelmans y otros, han considerado el cientificismo como la conciencia fundamental de nuestra era” ( Veinte claves para la nueva era , varios autores, página 128).
O sea, que sí es válido todo cuanto la ciencia puede hacer. Así se desprende del proyecto mencionado. Y no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Por ejemplo, se puede destrozar o matar la vida de un inocente en el vientre de su madre, pero no se debe hacer. Sin embargo, una ideología antivida lo permite. Veamos lo que dice Peter Singer, profesor de Ética de la Universidad de Princeton: “El derecho a la vida de un mamífero superior adulto debe prevalecer sobre el de un niño de un año de edad” ( Bioética, Robert Spaeman y otros autores, página 71). Y un ecologista muy conocido, Michael Tooly, “declara preferible la muerte de un ser humano recién nacido a la tortura de un gato adulto” ( El derecho a la vida, varios autores, página 12).
Antropología antivida. Un “mamífero superior adulto” y un “gato adulto” ¿están por encima de un “niño de un año de edad” y de un “ser humano recién nacido”? Esta es la antropología antivida que ciertos políticos y agentes desean imponerle al país. Por eso, el proyecto de ley mencionado, salvo algunas modificaciones, es el mismo proyecto que la Comisión de Derechos Humanos legislativa le rechazó a la exdiputada Ana Elena Chacón en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. “Esterilización”, “aborto terapéutico” (prevalencia de la voluntad femenina) e interrupción del embarazo mediante la “anticoncepción de emergencia” son términos que quedarían bajo la hegemonía del Estado (léase: Ministerio de Salud), bajo la injerencia de una entidad “demográfica” privada, del Ministerio de Educación y de la Caja Costarricense de Seguro Social, con sus Ebáis y hospitales.
De un mínimo de 2,1 hijos de crecimiento demográfico para reponer la población fallecida (Alfred Sauvy), Costa Rica bajó a 1,9 hijos por pareja (INEC). Esta regresión demográfica pone en peligro el pago de pensiones, el pago a educadores y muchas otras cosas.
Así como el presidente de la República ha ofrecido proteger a los animales, con mayor razón es de esperar la protección de la vida humana.
Costa Rica, sin duda alguna, merece desarrollarse mejor, y gozar de proyectos de ley racionales y éticos.
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