Una adecuada prestación de servicios públicos basada en redes de infraestructura —electricidad, agua, transporte público, etc.— requiere un esquema robusto de regulación de precios.
El consenso mundial es que esa competencia debe ser ejercida por un ente estatal independiente del ejecutivo. Solo así se puede aislar la toma de decisiones tarifarias de las presiones inapropiadas de intereses particulares.
Una fortaleza del aparato institucional costarricense está en contar con un regulador independiente: la Aresep. Tal condición descansa en sus competencias fijadas por ley, en que sus ingresos no provienen del Gobierno Central y en su carácter multisectorial, esquema menos propenso a la captura que el de tipo sectorial.
Durante décadas, el modelo de regulador independiente ha enfrentado ataques, algunos desde el ámbito estatal. Un ejemplo reciente es la propuesta de una política pública para la modernización del transporte público en autobús, elaborada por el MOPT y el CTP.
Es de reconocer y aplaudir que el planteamiento central del documento consiste en un enfoque de integración modal del sistema de transporte público en autobús. Pero hay un motivo de preocupación: el documento está impregnado por la intención de debilitar el modelo de regulación independiente.
Para el difícil ejercicio de la función de rectoría en el campo del transporte público, el regulador es un aliado natural en extremo valioso. Una adecuada coordinación entre el MOPT y la Aresep puede abrir opciones al primero para hacer prevalecer el interés general en este campo.
Si hubiera diferencias de perspectiva o dificultades de relación entre jerarcas, la vocación de servicio público y la altura de miras deberían conducir a acercar posiciones y abrir espacios de coordinación, mas no a emprenderla contra el modelo de regulación independiente.
Los redactores de la propuesta escogieron la última opción. Con una prosa confusa, el documento crea confusión sobre los límites entre la función de rectoría que corresponde al MOPT y la función de regulación que ostenta la Aresep.
Por ejemplo, en la sección de diagnóstico, en el punto titulado “Débil rectoría”, se argumenta que la principal causa de las debilidades del MOPT como rector del servicio es la descoordinación con la Aresep y la confusión de competencias entre este órgano y el CTP, sobre las cuales no se llega a explicar.
En otra sección se insinúa la solución para fortalecer la rectoría del MOPT: resolver las competencias entre el CTP y la Aresep. No hay muchas opciones de interpretación; en el fondo, lo que se propone es una reforma legal para excluir a la Aresep de las tareas de regulación de precios del transporte público, y así asignarlas exclusivamente al CTP.
Una solución de ese tipo siempre es inadecuada, pero en el caso del CTP aún más, pues es un órgano capturable debido a que varios de sus puestos directivos están asignados a representantes de empresas operadoras de transporte público. Esta limitación, dicho sea de paso, no es mencionada en el diagnóstico.
Hacia el final, en la sección 8.8.1, la propuesta de política pública contiene indicaciones metodológicas detalladas sobre fijación tarifaria que invaden la competencia exclusiva de la Aresep en ese campo.
Por lo demás, la inclusión de criterios tan específicos no corresponde al esquema de contenido de una política pública, y rompe con las directrices del Mideplán para este tipo de documentos.
Se desconocen las circunstancias concretas en las cuales se dio —o no se dio— la coordinación entre el MOPT, el CTP y la Aresep para elaborar la propuesta de política pública. En todo caso, nada justifica que el Poder Ejecutivo utilice un instrumento de planificación tan relevante para tratar de debilitar el modelo de regulador independiente.
Del CTP, considerando sus antecedentes, no deberían extrañar iniciativas de ese tipo, pero tratándose del MOPT, y especialmente de quien actualmente lo dirige, algo así causa mucha extrañeza. Lo bueno es que se está a tiempo de hacer las correcciones necesarias.
El autor es ingeniero civil, politólogo y consultor en regulación de servicios públicos.