Desde el 2000, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) celebra cada 26 de abril el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Fue también en el 2000 cuando entró en vigor buena parte de nuestra legislación actual en la materia, como parte de los compromisos adquiridos por el país para ingresar a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En octubre se cumplirán diez años desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), un acuerdo que no tuvo el mismo impacto normativo que las reformas del 2000, pero cuyo capítulo XV de propiedad intelectual fue ciertamente punto crítico en un encendido debate que polarizaría la sociedad costarricense hasta hoy.
Una década después, conviene, entonces, hacer una somera reflexión en torno al camino transcurrido y las oportunidades de mejora en esta materia.
Normativa y protección: El país posee una legislación armonizada con altos estándares internacionales, siendo parte de todos los tratados necesarios para así considerarlo. Los registros de derechos de autor y de propiedad industrial, así como el Tribunal Registral Administrativo, han dado un enorme salto cualitativo y cuantitativo, plasmado no solo en un moderno edificio con infraestructura y personal de apoyo para todo tipo de consultas de los usuarios, sino también en el esfuerzo sostenido de capacitación de su recurso humano, dentro y fuera del país.
Aun cuando existen aspectos de mejora en el acceso, bases de datos y plataformas tecnológicas, el liderazgo regional de estas entidades y su gestión es indiscutible.
Observancia: La observancia sigue siendo un punto flaco, claramente relacionado con la reticencia y falta de preparación de jueces civiles, penales y contenciosos-administrativos. Con las únicas excepciones de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial y de la Fiscalía de Delitos Económicos del I Circuito Judicial de San José, en las cuales se ha concentrado acertadamente la persecución penal de este tipo de delincuencia, es el Poder Judicial el sector que menos compromiso de mejora ha exhibido en la última década.
En cuanto a la Dirección de Aduanas, desde mediados del 2013 ha sido evidente un más adecuado abordaje del fenómeno de la piratería. No obstante lo anterior, la falta de uniformidad de criterios y el registro único de titulares de derechos siguen siendo tareas pendientes e impostergables para el nuevo director general recientemente nombrado.
Impacto en sistema de salud: Contrario a lo afirmado en el 2009 por un estudio elaborado bajo auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mercado institucional de medicamentos no se ha visto comprometido ni afectado negativamente por las patentes de invención ni por la protección de la exclusividad de los datos de prueba farmacéuticos.
Tampoco se ha constatado el incremento de catorce puntos porcentuales en el índice de ingredientes activos “bajo monopolio” que se pronosticaba derivado de las obligaciones en el marco del TLC.
El rigor en el análisis de la concesión de las solicitudes de patente, los varios años que transcurren para que una alternativa terapéutica sea objeto de compras públicas y el hecho mismo de que el Estado sea el principal comprador de medicamentos nos convierte en un mercado atípico en America Latina, no reducible a premisas de modelos econométricos aplicables a otras latitudes.
Políticas públicas: Desde el 2010, con la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual y en el 2015 con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología y Educación 2015-2021, se ha entendido a la propiedad intelectual como una herramienta para impulsar “la actividad investigadora, el desarrollo de negocios y de las iniciativas creativas”.
Para ello se han creado sistemas de otorgamiento de recursos no reembolsables bajo esquemas de convocatorias públicas, así como atractivos, pero aún inexplorados programas de crédito en condiciones especiales para pymes, tales como el Sistema de Banca para el Desarrollo, el Fondo de Incentivos, Propyme y el interesante Fodemipyme, programa basado en el otorgamiento de avales, financiamiento de intangibles y servicios de desarrollo empresarial.
A estos mecanismos deben sumarse los ingentes esfuerzos en aumentar la inversión pública en investigación y desarrollo, el liderazgo regional en la generación y divulgación de conocimiento científico por parte de las universidades públicas costarricenses, así como una cada vez más robusta infraestructura institucional de promoción de la innovación (Conicit, Micitt, Cenat, Lanotec, etc.).
Sector productivo y sociedad civil: Las condiciones para innovar y generar transferencia de tecnología con mejor suceso se encuentran dadas. Es tarea ahora de ambos sectores superar sesgos, la cultura del “me-too”, para en su lugar apoyarse en el andamiaje institucional, financiero y normativo creado en pos de una visión estratégica nacional de la propiedad intelectual.
Los esfuerzos públicos resultarían ilusorios si ellos, como principales aliados de toda política pública, no exploran, ni emplean a plenitud las diversas posibilidades que ofrece el sistema.
Más de 170 años después, cobra vigencia lo expresado por el Dr. José María Castro Madriz en su discurso inaugural de la Universidad de Santo Tomás: “Triste del país que no tome a las ciencias por guía en sus empresas y trabajos. Se quedará postergado, vendrá a ser tributario de los demás y su ruina será infalible porque, en la situación actual de las sociedades modernas, la que emplea más sagacidad y saber debe obtener ventajas seguras sobre las otras”.
El autor es abogado y docente en materia en materia de propiedad intelectual.