Los precios del petróleo en el mercado internacional han caído a menos de $30 el barril, desde los $115 en que oscilaron desde el 2011 hasta mediados del 2014.
Varios hechos hacen presumir que el mercado internacional del petróleo seguirá en esa dirección. En el pasado, cuando los precios bajaban, países como Arabia Saudita y otros de la OPEP limitaban la oferta. Hoy, mantienen y hasta incrementan la producción para proteger sus cuotas de mercado o para sostener sus presupuestos geopolíticos o populistas (ej. Rusia, Venezuela).
Por otra parte, las empresas al explotar fuentes de alto costo (ej. petróleo de esquisto o de aguas profundas en el golfo de México) se han visto en la necesidad de seguir bombeando para, al menos, pagar los costos fijos y las deudas. Además, el levantamiento de las sanciones a Irán le permitirá volver al mercado internacional, iniciando con más de 500.000 barriles al día.
La demanda, por su parte, se mantendrá a la baja mientras la economía mundial, y sobre todo la de China, no recupere las tasas de crecimiento que disfrutaron en los primeros ocho años de este milenio.
El exceso de oferta sobre demanda genera una acumulación de inventarios a un ritmo de aproximadamente 700.000 barriles al día (un 0,7% de los 95 millones de barriles de producción diaria). Las condiciones del mercado petrolero descritas arriba indican que esa tendencia se mantendrá por algún tiempo.
No hay duda de que cuando la economía mundial se recupere, los precios del petróleo volverán a elevarse, probablemente a niveles muy superiores a los $100 por barril, y Costa Rica volverá a gastar cifras cercanas a los $2.200 millones al año en importaciones de derivados del petróleo. Los consumidores y la competitividad de la economía nacional sufrirán los efectos.
En el último año, los precios al consumidor costarricense han caído en aproximadamente un 27% y se anuncia una fuerte reducción adicional para marzo. Sostener precios bajos de los combustibles y aprobar más rebajas, atentará a mediano plazo contra el objetivo de elevar la proporción del consumo originada en fuentes sostenibles y la aspiración de mejorar la matriz energética del país.
Recordemos que si bien es cierto casi el 100% de la electricidad del país proviene de estas fuentes, en el caso de la energía utilizada por el sector transporte (público y privado), la cual representa casi el 70% del consumo energético del país, el 100% proviene de combustibles fósiles. Ello nos obliga a hacer todo lo posible para que se reduzca el consumo de este tipo de combustibles en este sector, lo cual no será ayudado por precios bajos para la gasolina y el diésel.
Tanto la certeza de que en el futuro enfrentaremos una factura petrolera elevada, como la aspiración nacional de mejorar el nivel de sostenibilidad de la matriz energética global, aconsejan tomar medidas contrarias a las tendencias de mercado.
Un fondo. Para ello sería conveniente establecer los precios actuales de los combustibles (que rigen desde el 29 de octubre del 2015 más el cambio en el impuesto único que rige desde 7 de noviembre del 2015), como su precio mínimo y que se constituya un fondo soberano de contingencia con los recursos generados por la diferencia entre ese precio mínimo y el costo de los combustibles para Recope.
Se trataría de que los precios mínimos que esta institución cobre por los combustibles sean los que están fijados actualmente y que las “ganancias” acumuladas que se puedan derivar como resultado de las reducciones en los precios de mercado internacional de combustibles pasen a nutrir el fondo.
Por ejemplo, dado que el país importa aproximadamente 7 millones de barriles tanto de gasolinas como de diésel al año, y el precio por barril de estos combustibles ha disminuido alrededor de $12 y $18 respectivamente, desde octubre del 2015 a la fecha, el fondo acumularía en un año $210 millones (7.000.000 x $12 + 7.000.000 x $18).
Estos recursos podrían guardarse invirtiéndolos en bonos del Gobierno; solo se podrán gastar subsidiando el precio de los combustibles cuando el barril de petróleo supere los $100/barril.
Los países petroleros responsables crearon fondos soberanos cuando los precios excedieron ciertos límites, lo cual les permite enfrentar de mejor manera la condiciones actuales del mercado petrolero.
Hoy, un país importador de petróleo como Costa Rica debería aprovechar el “dividendo” creado por los precios bajos para establecer un fondo que en parte permita paliar alzas del precio de los combustibles en el futuro.
En su momento, esto dotaría al empresariado nacional de una ventaja competitiva, mientras que los consumidores enfrentarían menores incrementos en el costo de vida.
Sustento legal. De acuerdo con nuestra legislación, el gobierno podría emitir un decreto para materializar esta medida. Tal como lo detallé en una carta enviada al señor presidente en la que le expongo esta propuesta, el decreto encontraría sustento legal en la ley de la Aresep. Ello por cuanto el artículo 31 de esa ley establece que “los criterios de (…) sostenibilidad ambiental (y) conservación de energía (…) definidos en el Plan Nacional de Desarrollo deberán ser elementos centrales para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos”. De ahí que la Aresep podría, atendiendo el Plan Nacional de Desarrollo, al VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 y el Convenio Marco de Cambio Climático, poner un límite inferior a la reducción en el precio de los combustibles.
De acogerse esta propuesta, por una parte, ratificaríamos el compromiso de nuestro país con la sostenibilidad y, por otra, materializaríamos una visión a mediano plazo responsable con el sector productivo y los consumidores.
Como muchas de las decisiones que debemos tomar en el país, esta propuesta no es popular. Pero si solo optamos por lo popular, nunca vamos a desarrollarnos. Escojamos siempre el desarrollo. Sobre nuestra popularidad, que decidan las futuras generaciones.
El autor es diputado por el Partido Acción Ciudadana (PAC).