No hay razón para pensar que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean más importantes que el resto de los jueces. En sus competencias, toda la función jurisdiccional es primordial.
Son pocos los procesos judiciales elevados ante alguna de las Salas de la Corte. La mayoría encuentran solución en juzgados de menor rango: violencia doméstica, materia laboral, desahucios, juicios ejecutivos por falta de pago de algún electrodoméstico y asuntos contravencionales, entre otros. Son los jueces del primer peldaño en la jerarquía quienes mantienen la paz social. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resuelven para un menor número de ciudadanos.
Si de la Sala Tercera se trata, podrían cerrarla y no se notaría su ausencia. Bajo la presidencia de Carlos Chinchilla Sandí —a contrapelo de las resoluciones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— la Sala cerró el recurso de casación penal al punto que casi el 90 % de las impugnaciones se declararon inadmisibles.
Con eso, la casación penal pasó a ser privilegio de pocos. Por ello, los tribunales de segunda instancia penal son los que controlan el quehacer de los tribunales de juicio. Si los legisladores no piensan integrar la Sala Tercera con abogados de línea democrática, la mejor decisión es reformar el ordenamiento y cerrarla porque sale cara y no brinda servicio.
Algo similar ocurrirá con la Sala Constitucional, pues, en buena parte, el control de las garantías va pasando a manos de la jurisdicción contenciosa, con lo cual el alto tribunal viene perdiendo vigor hace rato.
Sin repuesta razonable. En ese contexto, cabe preguntarse por qué el salario del magistrado, quien resuelve menos, y cuando lo hace es ayudado por un equipo de letrados, es mucho, pero mucho más alto que el del resto de los jueces. No hay respuesta razonable.
No están lejanos los tiempos cuando magistrados del peso de Daniel González, Alfonso Chaves, Mario Houed y Rodrigo Castro sentaron precedentes que abrieron la casación penal para dar acceso a todas las partes procesales. Entonces, las razones de condenados, de víctimas y del Ministerio Público eran escuchadas, examinadas y resueltas.
Hoy, cualquiera puede recibir una condena de 50 años de prisión y, si el recurso incumple las misteriosas formas exigidas por la Sala Tercera, ni siquiera se estudian sus argumentos; las víctimas o sus parientes pueden ver frustrado su recurso de casación contra una absolutoria porque el documento impugnativo no llenó los enigmáticos requisitos no previstos por la ley. Eso no es justicia ni la seguridad jurídica que supone predictibilidad de los fallos.
Para progresar económicamente y acceder a préstamos de vivienda y asegurar la buena educación de sus hijos, el juez de primera instancia debe aspirar a un cargo en la segunda. Para una vida de lujo, el juez de segunda instancia debe llegar a la magistratura. No se trata de la vocación por hacer justicia en primera instancia, por controlar la legalidad y el mérito de los fallos en segunda instancia ni por cumplir la función nomofiláctica (protección de la norma jurídica) de la casación. Aspirar se reduce a un cálculo económico —en muchos de los casos— y por ello se cuelan y llegan a la magistratura personas sin vocación y sin valores, como se conoció en las últimas semanas.
Como la cúpula deben llenarla aquellos identificados con la función y no con los ingresos, la solución —según mi criterio— debe fundamentarse en el salario único de los jueces en la base (los magistrados en el mismo renglón junto a todos los juzgadores), haciendo diferencia solamente por la antigüedad en el cargo, sin importar el puesto en el escalafón. Así, nadie estará obligado a buscar ascensos para prosperar económicamente. Eso favorecerá la independencia judicial.
El salario base debe ser lo suficientemente seductor para que los buenos abogados se decidan por trabajar en la judicatura. Debe ser suficiente para una vida con decoro, por encima de la pobreza, pero sin lujo, a sabiendas de que se trata de ingresos que permitirán vivir en la clase media.
Quienes pretendan lucrar en vez de aspirar a la magistratura deben ir a la competencia profesional del litigio. Este sería un primer paso para horizontalizar la justicia.
El autor es abogado.