El 7 de diciembre la Sala Constitucional rechazó una acción de inconstitucionalidad contra el Reglamento de la Transición para la Revisión y Aprobación de Planes Reguladores, poniendo fin a varios años de incertidumbre sobre los trámites y requisitos para la entrada en vigor de las normas locales de ordenamiento territorial.
El siguiente paso es que la Sala también rechace las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra otras normas relacionadas, como, por ejemplo, el Plan GAM del 2013 o el Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial del INVU del 2018.
Esos recursos fueron interpuestos por un grupo de personas autodenominadas “ambientalistas y expertas en ordenamiento territorial”, quienes argumentan que con las impugnaciones defienden el ambiente y la vida humana, cuando, más bien, mediante estas gestiones judiciales entorpecen la actuación institucional que pretende mejorar la normativa en torno a esta materia, lo cual afecta directamente los bienes jurídicos que dicen tutelar.
Lo que sigue después es que las municipalidades elaboren y aprueben sus planes reguladores. En ellos se establecen disposiciones fundamentales para el desarrollo social y económico de los cantones, y garantizan una adecuada protección del ambiente. Es necesario que los gobiernos locales asuman el ordenamiento territorial como una prioridad, pese a los intereses políticos y económicos que un plan regulador puede afectar.
Luego, las instituciones encargadas de revisar los planes reguladores deben incorporar en sus procedimientos mecanismos idóneos para facilitar la puesta en práctica de esas normas, para lo cual es favorable que haya tanto una buena disposición de esas instancias para colaborar con las municipalidades en el trámite, como ajustes en los reglamentos aplicables para que se adecúen de mejor forma a la realidad de los gobiernos locales.
Complejidad. El paso más complejo es el cambio de legislación. Costa Rica posee una normativa dispersa y poco concordante sobre la materia: Ley de Planificación Urbana, Ley de Construcciones, Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Ley de Tierras y Colonización, Ley del Catastro Nacional, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, además de todo el bloque de leyes ambientales que incorpora cuestiones relacionadas.
Para solventar esta situación sería oportuno aprobar una ley de ordenamiento territorial, en la cual exista claridad de las competencias institucionales y las regulaciones aplicables en esta materia. Dicha norma debe ser producto de un trabajo en conjunto entre las diversas instituciones, las municipalidades, la academia y la sociedad civil.
Siguiendo la hoja de ruta señalada, se solucionarían muchos problemas del país: alivianar las presas con propuestas de vías cantonales y la exigencia de cesión de vías a los desarrollos inmobiliarios, así como con la densificación de centros urbanos.
Los efectos de los fenómenos naturales se previenen con una zonificación que restrinja la edificación en lugares de alta vulnerabilidad. Los problemas sobre la dotación de agua potable, en parte, se solventarían mediante la protección de los sitios de recarga acuífera. Incluso, la seguridad ciudadana mejoraría mediante normas que faciliten la visibilidad desde y hacia los espacios públicos, y con ciertas disposiciones sobre diseño.
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Con la resolución de la Sala Constitucional, el ordenamiento territorial puede salir del letargo donde se encontró por muchos años. Si se toman las medidas para que los planes reguladores entren en vigor y el problema se ubique en el centro de la agenda pública, el país aprovechará una oportunidad vital para mejorar la calidad de vida de la población.
El autor es abogado investigador.