Es muy peligroso adoptar el modelo populista de países como Venezuela, Argentina, Ecuador y Nicaragua. No podemos poner en peligro los equilibrios macroeconómicos y la competitividad, prometiendo resolver todos los problemas de desigualdad e injusticia.
No cabe duda de que tenemos que hacer ajustes en nuestro modelo de desarrollo, y un nuevo acuerdo social es imprescindible para una sociedad más justa y humana. El problema es que el populismo se concentra en los síntomas y no analiza las causas reales. Recurrir a un mayor gasto público para estimular la economía es una locura, si consideramos que nuestra deuda ha crecido a un 50% del PIB en los últimos cinco años y el déficit fiscal se proyecta en un 6% del PIB para el 2014, de no lograrse una contención en los disparadores del gasto y una mejora de la recaudación.
No podemos romper los equilibrios que deben tener los mercados laborales creando nuevos aumentos sin analizar la productividad. No se pueden ignorar las restricciones presupuestarias básicas en el gasto público y el funcionamiento del mercado. El populismo puede ser muy atractivo electoralmente, pero los desequilibrios económicos terminan dando al traste con el crecimiento económico, elevan el tipo de cambio, aumentan los precios y el costo del dinero, paralizan la inversión y provocan desempleo.
No olvidemos lo que vivió Costa Rica en los años 80, cuando el gobierno de don Rodrigo Carazo no se preocupó por los equilibrios macroeconómicos. El resultado fue un alto déficit, inflación, endeudamiento, devaluación, desempleo y graves problemas sociales. La pobreza y la desigualdad aumentaron dramática-mente hasta alcanzar el 50%. No fue sino hasta 1982, cuando fue electo don Luis Alberto Monge, que se inició un proceso de rescate de la economía y de los graves problemas sociales, con el apoyo de Estados Unidos.
Venezuela. Hugo Chávez fue elegido presidente, en 1998, con el apoyo del Movimiento Quinta República, e inició su proyecto “socialismo del siglo XXI”. La elección obedeció a que los venezolanos querían una cara nueva ante el desprestigio de los políticos tradicionales. Problemas sociales, crisis económica, corrupción y la descalificación de los políticos de siempre acrecentaron el deseo de cambio. Los venezolanos querían a alguien nuevo, sin evaluar su capacidad y programa de gobierno.
Lo primero que hizo el presidente Chávez fue impulsar la derogación de la Constitución de 1961, la cual fue aprobada por una amplia mayoría mediante un referéndum. Un segundo referéndum ratificó la nueva Constitución, que le daba al mandatario todas las facultades para gobernar sin contrapesos, controlando los poderes judicial, legislativo y electoral.
Con todas esas prerrogativas, Chávez –y, años después, su sucesor– puso todo su esfuerzo en debilitar a la oposición y mantenerse en el poder. Expropió las principales industrias, asumió el control de los medios de comunicación y fijó los precios de bienes y servicios, liquidando así todo el tejido empresarial. Hoy vemos una Venezuela donde se limitan las libertades, con una alta inflación, una gran desigualdad social, gran inseguridad y la corrupción más alta de Latinoamérica.
Izquierda populista. Es preocupante que, en esta campaña electoral, muchos costarricenses, desencantados por los resultados del actual Gobierno, debidos en gran parte al bloqueo legislativo y el entrabamiento institucional, estén evaluando la posibilidad de apoyar al Frente Amplio, un partido nuevo que no cuenta con un equipo humano con experiencia para dirigir nuestra patria en medio de los graves problemas sociales y económicos que vivimos.
Es fácil para el señor José María Villalta aparecer como el candidato del cambio y ofrecer todo tipo de beneficios. Es fácil hablar de controlar los precios de la canasta básica, de las medicinas, de la matrícula en las universidades y colegios privados, de los alquileres y de los servicios públicos. Pero, a fin de cuentas, el control de precios genera escasez y hace que los precios se disparen. Es muy fácil hablar de la Banca de Desarrollo y de quitar la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), pero la realidad es que los ahorros de los costarricenses deben ser vigilados para evitar riesgos de pérdidas. También habla el señor Villalta de aumentar salarios, romper el tope de cesantía y ampliar las licencias de maternidad.
Preguntas. ¿Habrá valorado los costos financieros que estas medidas tendrían en los sectores privado y público? Por otra parte, ¿qué piensa el señor Villalta sobre el movimiento solidarista? ¿Qué quiere decir cuando señala que se deben cerrar portillos a la tercerización? ¿Cómo le va a dar al Banco Popular una supervisión diferenciada? ¿Cómo va a bajar las tarifas eléctricas? ¿Va a permitir una mayor participación del sector privado en la producción eléctrica? ¿Cómo va a financiar el régimen de pensiones, si rompe el requisito del número de cuotas? ¿Cómo va a limitar la propiedad de los extranjeros? ¿Cómo va a restringir la siembra de monocultivos? ¿Cómo va a asegurar el financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)?
¿Está de acuerdo con la existencia de zonas francas? ¿Cómo va a financiar el déficit fiscal y de la balanza de pagos? ¿Está de acuerdo con el TLC con Estados Unidos o lo va a denunciar? ¿Qué piensa de la economía del conocimiento? ¿Cómo va regular las cuentas de capital? ¿Está de acuerdo con la banca privada? ¿Va apoyar el rompimiento de los monopolios estatales? ¿Cree en la figura de la concesión de obras? ¿Está de acuerdo en eliminar privilegios insostenibles en los sindicatos? ¿Está de acuerdo con la reforma al reglamento legislativo? ¿Cómo va a financiar las inversiones en infraestructura?
¿Acaso el señor Villalta no se ha dado cuenta de que la riqueza y el empleo los genera un sector privado responsable, y que la inversión privada es muy nerviosa?
Pareciera que el señor Villalta y quienes redactaron su dizque programa de gobierno no se han enterado de que el Muro de Berlín cayó en 1989, y que ahora vivimos en un mundo globalizado que hizo obsoletas todas las políticas estatistas que él prohíja.
Hay que cuidar nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Es necesario hacer un análisis profundo de la oferta electoral de todos los candidatos y sus programas. Lo importante no es ofrecer al pueblo una serie de planteamientos populares que, al final, no son viables. Cuidemos nuestra bella Costa Rica y busquemos juntos un pacto social que nos permita crecer con mayor inclusión.