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Política, minería e indiscreción

Casi con toda certeza, se puede afirmar que no se ha evaluado reservas probadas ni siquiera en una centésima parte del área que sería viable explotar

El artículo 3 y el inciso b del artículo 24 del Código de Minería (Ley N.° 6797), así como el artículo 102, capítulo II del Reglamento al Código de Minería (decreto 29300-Minae), claramente establecen la confidencialidad de los datos derivados de la exploración minera en Costa Rica.

La Dirección de Geología y Minas del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), quien es el ente rector de esta actividad, tiene la prohibición expresa de divulgar los datos que generan los permisos de exploración minera. Se trata de información confidencial de las empresas exploradoras. Información que además de costar mucho dinero, es vital para determinar la viabilidad y para la toma de decisiones empresariales. Esos datos se toman como base para decidir iniciar o no, un proyecto de explotación.

Nadie inicia, en ningún lugar del mundo, un proyecto de explotación minera sin contar con evaluaciones geológicas detalladas de las reservas probadas de un yacimiento. Hacer lo contrario casi con certeza conduce a un rotundo fracaso financiero. Y como aquí y en todo el mundo se requiere de un permiso de exploración para realizar esas evaluaciones, que implican una enorme inversión, la información que se genera de la exploración es básicamente confidencial.

Para hablar de reservas probadas de algún mineral, se debe evaluar la geología del yacimiento, su origen, tipo de mineralización, geometría, volumen, contenidos minerales, ley minera o concentración relativa del mineral que se está explorando, volumen de destapes, costos de explotación, diseño y costos de proceso y refinamiento del mineral.

Así como, el tiempo de desarrollo del yacimiento en función de la permisología, aspectos ambientales, especulación con el valor futuro del mineral y otra serie de datos que conducen a poder establecer, con certeza, la cantidad de reservas probadas del yacimiento y la rentabilidad futura de una eventual explotación.

Todo esto cuesta mucho dinero y en Costa Rica, casi con toda certeza, se puede afirmar que no se ha evaluado reservas probadas ni siquiera en una centésima parte del área que sería viable explotar, descontando las zonas protegidas, parques nacionales, etcétera.

Si se parte del hecho de que la Dirección de Geología y Minas tiene vedado difundir o publicar información aportada por las compañías de exploración, en los informes que están obligadas a presentar, de que dicha información es propiedad legal de quien la generó, de que ni siquiera los profesionales responsables de las compañías de exploración pueden —no por lo menos éticamente— difundir este tipo de datos, se nos plantea la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los estudios que posee o han realizado los políticos que, durante esta campaña, hablaron sobre la existencia de miles de millones de dólares en reservas probadas de oro y otras riquezas minerales en Costa Rica? Peor aún, han afirmado que, siendo estas reservas probadas, son objeto de titularización a futuro o bursatilización como las llaman algunos economistas.

El otro tema que surge a raíz de los infundados datos de los millones en reservas probadas de minerales, en nuestro subsuelo, es la afirmación, de esos mismos políticos, de que la fuente de los datos es el Colegio de Geólogos de Costa Rica.

Esto es una aseveración más que infundada, ya que, en primera instancia, los colegios profesionales, como entes jurídicos constituidos por profesionales acreditados, no pueden dar, manifestar o proclamar su apoyo a tal o cual partido político o por lo menos, no sin haber celebrado una asamblea general que así lo decida.

Este no es el caso del Colegio de Geólogos de Costa Rica. Hasta donde mi pobre entender me alcanza, nunca ha sido celebrada una asamblea general en dicho cuerpo colegiado con un punto de esa naturaleza en su agenda. En segunda instancia, si así lo fuera, queda en el limbo de la legalidad la cuestión de cuál fue la fuente de información que tuvo el Colegio de Geólogos con respecto a la cantidad de reservas probadas de mineral en el país.

Cualquiera, hasta yo podría hacerlo, puede estimar probabilidades, porcentajes probables, reservas inferidas o como lo llama nuestro pueblo y a pesar de no tener tradición beisbolera, puedo «batear» con respecto a las riquezas minerales del país. Pero de eso, a decir que tenemos tantos miles de millones de dólares en reservas minerales probadas, burzatilizables a futuro, que con esas riquezas saldremos de la pobreza, que se pagará sueldos a las amas de casa (¿y a las amas de casa que también trabajan ocho horas diarias y vuelven a casa a hacer oficio, también les pagaran otro sueldo?), que tendremos carreteras al estilo noruego y ciudades al mejor estilo sueco, que la palabra «deuda externa» será tan ajena a nuestros hijos como lo es «al chile» para nuestra generación, hay los mismos miles de millones de kilómetros de distancia politiquera.

A mí personalmente me da risa que los políticos que aseveran esto, nos crean tontos o ignorantes, me da risa y vergüenza ajena que se diga que la Dirección de Geología y Minas es una institución indiscreta que todo lo divulga, y me deja mucho qué pensar que el Colegio de Geólogos, cuerpo científico por naturaleza, objetivo por nacimiento y legal por constitución, calle y no diga nada al respecto, pese a las falsas expectativas que todo esto crea en la gente.

rprotti@geotestcr.com

El autor es geólogo, consultor privado en hidrogeología y geotecnia desde hace 40 años. Ha publicado artículos en la Revista Geológica de América Central y en la del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH).

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