Pérdida de credencial de diputado: nuevas realidades

Lo que escribieron en ese documento esencial para nuestra vida democrática fue debidamente analizado, debatido y votado. Crearon una Constitución para muchos años, no para unos meses. Por eso los cambios que se le introduzcan deben ser muy bien meditados y la principal razón para hacerlo ha de ser la adaptación de los textos, como expresión de valores e ideas, a realidades que han cambiado sustancialmente.

Un ejemplo de cambios plausibles es el proyecto de ley que diputados del PAC presentaron para legislar un aspecto de la “Ley de enriquecimiento ilícito” que no se ha puesto en marcha por requerir reforma constitucional. Esta iniciativa se encuentra en el expediente 19.117 (en un artículo de La Nación del 18/2/17, erróneamente se le identifica como 19.177).

A la vez, la experiencia nos confirma que se debe legislar solo cuando esa vía es la más eficaz y eficiente para resolver un problema real y de suficiente magnitud. De lo contrario, la avalancha de leyes no solo tiende a complicar la vida de los ciudadanos sino que puede abrir puertas para mayor corrupción sin resolver problema alguno. Y en lo constitucional esto es más cierto aún.

Faltas graves. En el caso de marras, creo que la iniciativa tiene sentido al proponer la pérdida de credencial de aquellos diputados que caigan en faltas graves. Pero ojo: tanto la inmunidad (limitada, no irrestricta como a veces se ha hecho creer) de los diputados y otros funcionarios, así como su “inamovilidad” durante el período para el que fueron elegidos, responde a una lógica y una institucionalidad muy sólidas en la democracia representativa: respetar la voluntad electiva del Soberano y aislar a legisladores y otros altos cargos de las presiones y eventuales chantajes ante decisiones complejas.

Los constituyentes del 49 no introdujeron estos fueros o garantías por favorecerse o por capricho; lo hicieron sobre una base analítica sólida.

Lo cierto es que desde hace algún tiempo hay corrientes sociales crecientes que buscan responder a lo que parece ser un aumento en la “mala conducta” de “altos cargos del Estado”, como suele decirse en España. Y a la vez, hay otras queriendo incorporar institutos propios de la “democracia participativa” (¿) a la de tipo representativo. Por ejemplo, la revocatoria de mandatos.

Analizado el asunto globalmente, puede verse que el tema de la “mala conducta” no se reduce a los diputados. Y el de la no posibilidad de sanción, debidamente acotada, tampoco. Por tanto, tiene sentido plantearse también que esa propuesta sea no solo para los diputados sino para todos los miembros de los supremos poderes, pues la lógica para introducirla es similar.

Por otra parte, quiero recordar cómo hasta hace unos 20 años la queja dentro de los partidos grandes era que la elección de los candidatos a diputados era manipulada en las asambleas de los partidos.

Así, para la campaña de 1998 (Rodríguez vs. Corrales y otros), en el PLN se pasó a la “elección directa” de candidatos. La experiencia fue funesta y, como algunos habíamos dicho, se “volvió atrás” y nadie ha vuelto a hablar de ello. ¿Recuerdan el peyorativamente denominado “sindicato de candidatos a diputado”? En buena hora que desapareció.

Sí existe un movimiento que desea la elección directa de diputados en distritos electorales. Sobre esto se ha enfatizado en los beneficios, que los tiene, pero no se han puntualizado las desventajas, que también las hay, y quizá más abundantes. Pero es tema para otro análisis.

Sin soluciones óptimas. Casi nunca se señala ni considera que, en materia de políticas públicas, con frecuencia no hay soluciones óptimas, menos “óptimos de Pareto”. Lo frecuente es que hay muchos “trade offs” y, por tanto, hay que balancear diversos elementos antes de cambiar algo que ha sido resultado de práctica muy prolongada y de ambientes culturales y socioeconómicos muy diversos.

Con las redes sociales, “demasiada” gente dice o escribe proponiendo ideas que cree originales y, además, “la pomada canaria” para esto o lo otro; algunos lo hacen con verbo encendido, presentan la situación actual del país como diabólica, para acabar, una vez que han llenado a todos con un escepticismo a prueba de razones y hechos, ofreciendo el parto de los montes.

Creo que una de las mayores tareas cívicas, si no la mayor, que debemos cumplir hoy es alertar cada vez que se predica con espejismos, que se ofrece “oro de 50 quilates” y se enardece a quienes están descontentos o incómodos, con o sin razón, para que formen las columnas del nuevo paraíso terrenal.

Las democracias las destruyen las diferencias económicas extremas, los demagogos y populistas que ofrecen lo inalcanzable y los indiferentes, los que dejan la tarea de gestionar lo colectivo a “los otros” y solo intervienen si les incomoda algo muy cercano a sus intereses o querencias.

En este contexto, si esa iniciativa avanza, recojo la posición expresada por “los libertarios” para atenuar la euforia: para que alguien pierda su credencial, la votación debería ser por 38 votos (2/3 partes del plenario).

Considerando la gravedad de revertir una elección libre, democrática y popular y las garantías que deben rodear a quienes legislan, a veces en temas en los que se juegan intereses enormes, creo que es correcto este argumento.

Algunos solo ven las bondades de “sancionar, castigar”. No niego la buena señal que podría significar la advertencia de que “usted, aspirante a diputado o diputado en el cargo, puede ser destituido públicamente ante mala conducta”. Pero esto debe ser para lograr eficacia, aplicable a todos los supremos poderes y bajo la garantía de una mayoría calificada, normalmente suprapartidaria y suprasubjetividad populista.

El autor es economista.