Con respecto al comentario del ingeniero forestal Álvaro Solano Acosta, publicado el 18 de noviembre en cartas a la columna de La Nación, aclaramos que, efectivamente, se emitió el decreto ejecutivo 39083–Minae, en el cual se incorpora la matriz para escoger las fincas que en el 2015 recibirán el pago por servicios ambientales en la modalidad de protección de bosque.
El objetivo de la distinción es no solamente la conservación del bosque sino también favorecer a los pequeños y medianos productores.
El programa Pago por Servicios Ambientales (PSA) funciona de manera exitosa desde 1997. Se ha pagado por más de un millón de hectáreas y seis millones de árboles en sistemas agroforestales, siguiendo el mandato establecido en la Ley Forestal 7.575, artículo 46: “Se crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, cuyo objetivo será financiar, para beneficio de pequeños y medianos productores, mediante créditos u otros mecanismos de fomento del manejo del bosque, intervenido o no, los procesos de forestación, reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y los cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales.
”También captará financiamiento para el pago de los servicios ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales y otras actividades necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales, que se establecerán en el reglamento de esta ley”.
No obstante lo anterior, también le aclaramos al señor Solano, que en los últimos años más del 75% de los contratos del PSA se han formalizado en fincas de menos de 100 hectáreas, con lo cual se beneficia a los pequeños y medianos, y esto permite, también, darle una dimensión social al programa al contribuir para que un mayor número de dueños participen en este, con lo cual se distribuyen mejor los recursos en las áreas rurales.
Reconocemos la emergencia que experimenta Guanacaste por las consecuencias del cambio climático, pero es justo reconocer que la provincia mediante las múltiples organizaciones de pequeños productores y de dueños no organizados logran formalizar más de un 15% del total de contratos del PSA, y que no por esa situación pueden descuidarse otras zonas del país que igualmente se ven afectas por dicho fenómeno.
De acuerdo con los datos estadísticos del Fonafifo, para el período 2010-2014, la provincia de Guanacaste, en orden de contratación de PSA, es la número 3 con un 15,8% del total de hectáreas colocadas a escala nacional.
En el 2010, el tamaño de finca promedio sobre la cual se suscribieron contratos del PSA en la modalidad de protección de bosque fue de 180 hectáreas; no obstante, el área efectiva del PSA por la cual se pagó, en promedio, fue de 104 hectáreas. Para los años siguientes se muestra una disminución tanto en el tamaño de las fincas que se inscriben como en las áreas efectivas del PSA.
En cuanto al tamaño de las áreas que suscriben contratos del PSA en la modalidad de protección de bosque en Guanacaste, según las estadísticas, el 69% posee entre 2 y 50 hectáreas, y solamente el 13% está por encima de las 100 hectáreas.
De acuerdo con lo anterior, he de manifestar expresamente que el Ministerio a mi cargo mantendrá estos criterios de asignación de prioridades, porque estamos conservando el bosque y beneficiando a los pequeños y medianos productores.
La autora es viceministra de Ambiente.