EscucharCorría el año 1992. Una camioneta enlodada se atascó en el fango en un camino perdido. Los ocupantes, dos geólogos y un geógrafo, exploraban en uno de los lugares más remotos del país. Mientras esperaban ayuda, decidieron examinar las arenas de un arroyo cercano. La sorpresa fue mayúscula: las arenas de aquel caño contenían pequeños granos de oro.
Se había descubierto el oro en Crucitas de Cutris de San Carlos. En diciembre de 1993, el murmullo de un fax anunciaba la llegada de los análisis químicos del pozo exploratorio número 1. La alegría invadió a los presentes. Se confirmaba la presencia del mayor yacimiento de oro de Costa Rica. Junto al fax y a la satisfacción del trabajo útil, afloró la ilusión de estar a las puertas del desarrollo minero más importante del país.
Han pasado 25 años, y como ocurre con frecuencia en Costa Rica, Crucitas no se desarrolló y actualmente se encuentra en el peor de los escenarios. Para empezar, el recurso geológico, cuyo valor económico asciende a un billón de colones (el equivalente a un 2,5 % del PIB), y que pertenece a todos nosotros, está siendo saqueado por coligalleros. Peor aún, el robo se está llevando a cabo en la parte más rica del yacimiento, “descremándolo”, lo que golpea doblemente su calidad.
Tragedia. El saqueo va más allá de la pérdida del recurso minero. Hay evidencias de que el daño causado por los coligalleros en Crucitas es mucho mayor que el producido por las dragas de Pastora en la isla Portillos. Allí, los expertos estimaron que la recuperación natural de la vegetación tardaría 50 años y 270 años en recuperar su valor ambiental (La Nación, 15 de diciembre del 2016). Sin embargo, en Crucitas, el ministro del Ambiente, cerró los ojos y decretó que en dos años aquel desastre se recuperaría solo (La Nación, 9 de setiembre del 2018).
El daño ambiental en Crucitas no se limita a los árboles arrancados, sino también a la contaminación del agua y de las personas con mercurio. Por la ausencia de gestión ambiental, la generación de aguas ácidas en el sitio es cuestión de tiempo. Así que, en época de déficit fiscal, bajo crecimiento económico y creciente desempleo, no solo nos roban los beneficios de nuestro oro, sino que nos dejan deudas ambientales que al final tendremos que pagar entre todos los costarricenses.
También tendremos que pagar con nuestros impuestos más recursos policiales, pues los coligalleros burlan a los pocos policías destacados allá, quienes hacen lo que pueden viviendo en las peores condiciones, sin agua potable, sin luz eléctrica y con escasos suministros (Diario Extra, 5 de setiembre del 2018).
Robo de oro. Es el resultado de una tormenta perfecta. Después de la batalla legal contra Industrias Infinito, los ambientalistas, con apoyo del Frente Amplio, aprovecharon su notoriedad para impulsar la Ley 8904, la cual prohíbe la minería metálica formal, y le entregaron, óigase bien, los recursos auríferos a los coligalleros, autorizándoles el uso del letal mercurio en sus procesos.
Los diputados de entonces cayeron en la trampa. La situación social desesperada en Nicaragua y el precio del oro por encima de $1.200 la onza troy se encargaron del resto. Todos los días entra a nuestro país mercurio de contrabando y sale oro, como lo ha reconocido la directora de Geología y Minas.
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Llegó el momento de derogar la Ley 8904 y modernizar el Código de Minería de 1982, de forma que eliminemos el caos y utilicemos la minería como una herramienta para el desarrollo, como lo dicta la ley. Así ganarán el Estado recibiendo ingresos sanos; las comunidades con empleo, desarrollo y encadenamientos productivos; el ambiente por medio de proyectos de reforestación y de conservación; y las empresas mineras formales, social y ambientalmente responsables. Ya lo han hecho otros países, ¿por qué nosotros no?
El autor es geólogo.
