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Otro paso adelante

El frondoso árbol del sector público sigue creciendo sin control, ni límite

Desde hace varias décadas, es ya un lugar común insistir en la necesidad de racionalizar o reestructurar el sector público. El enjambre estatal compuesto por más de 300 –¡sí 300!– instituciones públicas de todo tamaño y de la más diversa naturaleza se ha transformado, sin duda, en un obstáculo significativo para el desarrollo del país.

Hoy, el funcionamiento del sector público, en vez de ser parte de la solución de los problemas nacionales, representa más bien un obstáculo importante para el progreso del país.

Debe recalcarse, una y otra vez, aunque sea verdad de Perogrullo, que sin un sector público eficiente, en una yunta de bueyes con un sector privado, igualmente, eficiente, las posibilidades del desarrollo son muy escasas. En realidad, prácticamente nulas.

Ahora bien, a pesar de las reiteradas advertencias y de las múltiples sugerencias de parte de académicos y políticos, de empresarios y trabajadores el esfuerzo ha sido en vano, se ha arado en el desierto: el frondoso árbol del sector público sigue creciendo sin control, ni límite.

Don Ottón Solís ha venido a sacudir la modorra. Él ha presentado un proyecto de ley –C.E.R.R.A.R., expediente 19.834– cuyo propósito consiste en racionalizar y reestructurar una parte importante del sector público, aquella encargada de ejecutar la inversión social y, específicamente, de reducir la pobreza.

Su planteamiento es concreto y va en la misma dirección que el proyecto de ley para crear la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, el cual también busca mejorar el funcionamiento del sector público, en este caso, en el ámbito de la promoción de las empresas de producción de menor tamaño (mipymes).

Como se indicó, el objetivo del proyecto es mejorar la eficacia y la eficiencia de la inversión social del sector público.

Esta es una tarea insoslayable, por cuanto el aparato estatal hoy está abarrotado de grasa, colmado de laberintos burocráticos, trámites caprichosos y obstáculos formidables para la ejecución de inversiones.

Se busca lograr resultados mucho mejores con el uso de menores recursos. En lenguaje vernáculo, se trata de ¡hacer más y mejor chocolate con menos cacao!

El resultado de la aplicación de la nueva legislación no se haría esperar: redundaría en una disminución general de la pobreza.

Ahora bien, para alcanzar el objetivo deseado, el proyecto de ley C.E.R.R.A.R. propone una reestructuración amplia y profunda del sector público mediante: el cierre de instituciones, la eliminación de duplicidades, la reunificación de funciones y la redefinición de la rectoría del sector social.

De esta manera se eliminarían: duplicidades, filtraciones, puestos políticos innecesarios y gastos administrativos y burocráticos excesivos.

Además, se establece de manera clara la rectoría estatal en la lucha contra la pobreza, se logra la coordinación y la transparencia, se eliminan las excusas para tratar de explicar los resultados raquíticos, se facilita la exigencia de alcanzar la eficiencia y eficacia y se garantiza la rendición de cuentas.

En el artículo de don Ottón, “C.E.R.R.A.R. para mejorar”, en La Nación del 15 de enero del 2016, se encuentra un resumen de las diversas decisiones que deberán tomarse. En la exposición de motivos y el articulado del proyecto de ley se puede consultar el detalle de las medidas concretas que deberán adoptarse.

El proyecto de ley de don Ottón puede mejorarse gracias a las opiniones y sugerencias del público en general, así como en el debate entre los señores diputados. Algunos de los artículos y transitorios del proyecto de ley podrán modificarse.

Ahora bien, tres puntos deben mencionarse. Primero, en la discusión de un proyecto como el de don Ottón es inevitable navegar entre dos aguas, ambas procelosas. De una parte, aceptar que a grandes males grandes remedios. De otra, reconocer que quien mucho abarca poco aprieta.

Por ello se requiere un claro sentido de proporción y de oportunidad: un timonel de brazo firme y nervudo para llevar el barco a buen puerto. La capacidad técnica y la experiencia política son imprescindibles.

Segundo, el proyecto propone un nuevo orden institucional, en un ámbito clave del sector público. Queda aún por decidir cómo utilizar este nuevo orden para combatir la pobreza y la desigualdad. El decir cuál será la política (planes, programas, proyectos) para lograr el objetivo deseado.

La importancia de este tema es bien concreto. En efecto, en última instancia, debe reconocerse que la mejor política social es una buena política económica, y la mejor política económica es una buena política social.

Son varios los caminos que llevan a Roma (posibilidad de políticas alternativas) y, además, no todos los caminos llevan a Roma (riesgo de adoptar políticas equivocadas).

Tercero, como bien dice don Ottón, la tarea –llevar a cabo el ordenamiento institucional y adoptar las políticas adecuadas para combatir la pobreza y la desigualdad– necesita como elemento esencial de burócratas “apasionados”.

¿Cómo hacer para que el nuevo Jorge Manuel Dengo llegue a la cúspide de la jerarquía? Será, sin duda, una labor titánica erizada de obstáculos. ¡Será necesaria mucha buena suerte!

El esfuerzo de don Ottón es loable. Su proyecto de ley es muy importante. Puede mejorarse en algunos de sus extremos, pero debe apoyarse.

Oponerse al proyecto sin haberlo estudiado sería una falta de ética. Combatirlo, simplemente por razones partidarias o ideológicas, sería una torpeza.

El autor es economista, miembro de la Academia de Centroamérica.