EscucharDice bien el director de La Nación, Armando González, que «la ola de violencia en Puntarenas debe dolernos y alarmarnos, pero no sorprendernos», porque la ruina económica del cantón central de la provincia tiene décadas de gestación.
Sus orígenes son complejos y encierran múltiples variables. Ciertamente, presumir que el desplome de la pesca es la razón de la pobreza es una visión limitada e incompleta.
Puntarenas se vio dramáticamente desplazada como principal destino turístico costero hace décadas. Gracias a nuevas y eficaces rutas de comunicación, otros lugares que ofrecían mejores entornos y servicios atrajeron a la mayoría de los turistas nacionales e internacionales.
Los servicios de cabotaje, primordiales en el siglo XX, murieron mucho tiempo atrás. La única zona franca de la región, que daba cientos de empleos, también fue cerrada y hasta el muelle que mantenía el comercio exterior en esa ciudad fue desplazado por el de Caldera a finales de la década de los 70, lo cual afectó la industria turística, el comercio y las actividades conexas.
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Menos empresas. En las pasadas dos décadas, los sectores productivos del cantón central de Puntarenas experimentaron una reducción sostenida en el número de empresas oficialmente inscritas, incluidas las dedicadas a la construcción, la agricultura, la industria, la manufactura, el turismo, el comercio y el transporte.
Muchas reducciones son dramáticas: un 50 % del turismo, un 40 % de la agricultura, un 30 % del transporte, un 30 % de la construcción. Los cambios se dan en el contexto de una población que se avejenta y tiene grandes limitaciones tecnológicas. La situación, en su conjunto, demanda un replanteamiento de políticas públicas, que a la fecha no se ha materializado.
El sector pesquero no ha sido el principal sector económico, aun así su existencia se identifica, erradamente, como el motor del desarrollo de nuestras costas.
Este también mostró, a finales de la década de los 80, signos de un marcado deterioro. Un recurso renovable que mantuvo un ingreso sostenido en la economía de la costa se derrumbó.
El desprecio con que se han manejado los recursos pesqueros del país se traduce en el uso de técnicas destructivas, como el arrastre de camarones, la dinamita, el desaleteo de tiburones o los encierros, cuya consecuencia es el daño del ambiente marino y el recurso del que la misma actividad pesquera depende.
Está claro que miles de familias no pueden seguir viviendo de la pesca. El desarrollo costero debe evolucionar hacia un proceso integral, en el cual la pesca sea solo uno de los componentes.
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Anquilosis. Conforme la demanda de empleos aumenta, deberían incrementarse las opciones en maricultura, pesca de atún y ecoturismo comunitario, pero también en agricultura, industria y servicios. Sin embargo, los gobiernos hacen poco o nada para fomentar estas actividades. Siguen aferrados al antiguo concepto de que la pesca mantiene crecientes cantidades de extracción sin afectar las poblaciones de peces. Este errado modelo pasa la factura a las zonas costeras, que se quedan sin posibilidades de empleo.
Sorprendentemente, sin embargo, abundan quienes creen que haciendo lo mismo las cosas cambiarán; incluso se oyen voces de pseudocientíficos que argumentan que el arrastre es ambientalmente viable y hablan de sostenibilidad, sin contar con datos que lo demuestren.
Lo que no debe sorprendernos es que la crisis socioeconómica se esté agudizando en nuestras costas. Durante por lo menos una década se advirtió en todos los medios la gravedad de la situación, de la necesidad de reestructurar el Incopesca para convertirlo en una institución fortalecida, apolítica, científica, regida por los intereses nacionales y no por los de unos pocos, propuesta acompañada de recomendaciones para hallar modelos integrales de desarrollo que den por finalizado el modelo vallecentrista imperante.
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El país cuenta con un sector académico-científico que sabe lo que debe hacerse; gran número de manuales, publicaciones y estudios indican las medidas para alcanzar una pesca sostenible y ambientalmente responsable.
Existen, asimismo, estándares para la comercialización responsable de la pesca que intentan involucrar al comercio en la lucha contra la pesca ilegal e irresponsable.
Estos esfuerzos, sin embargo, no logran contrarrestar los intereses cortoplacistas de unos pocos, apoyados por diputados que malentienden cómo asegurar el desarrollo costero y que, sin sonrojarse, esgrimen argumentos falsos y carentes de sustento técnico para continuar arrastrando los fondos marinos y perpetuar los regímenes de pobreza que caracterizan a la mayoría del sector pesquero.
Mientras estas fuerzas políticas sigan dominando la agenda marina del país, viviremos el deterioro de nuestros mares, la creciente pobreza y el aumento de la violencia en las comunidades costeras.
El autor es director general de la Fundación MarViva.
