Carlos León Ureña. 11 julio

Acertó la administración Alvarado Quesada al retirar la rectoría del combate de la pobreza a la presidencia del IMAS –legado de los últimos gobiernos– y cederla al titular del Ministerio de Trabajo (MTSS), como manda la ley. En el nuevo escenario, asoman al menos tres desafíos inmediatos para un exitoso ejercicio de tal responsabilidad.

Insuficiente plataforma ministerial. Si bien la Ley Orgánica le asigna al MTSS la formulación y dirección de la política social, la organización y administración de los servicios públicos de bienestar social y la coordinación de esfuerzos públicos y particulares en este campo, en la práctica se ha circunscrito casi exclusivamente a la regulación de las relaciones laborales.

Orquestar un sistema de participación ciudadana en la atención de la pobreza no resultará una tarea compleja si existe disposición y apertura del gobierno

La ley del MTSS estable crear, desde 1951, dependencias internas para administrar el área social, tales como una dirección general de bienestar social, un departamento de acción social y de administración de instituciones, otro de bienestar de la familia, un consejo nacional de bienestar social y varias oficinas encargadas de hacer diagnósticos, administrar subsidios, socorrer a adultos mayores en desamparo, prevenir la mendicidad y la prostitución, coordinar a las entidades públicas y privadas que ejecutan programas sociales con fondos públicos, entre otras, pero ninguna ha sido conformada.

La relevancia y gravedad que supone el ejercicio de una rectoría estatal y, especialmente en materia de pobreza, demandan un vigoroso aparato político y técnico para formular estrategias, girar lineamientos, coordinar a los entes involucrados, anticipar o corregir duplicidades, supervisar la ejecución de programas, interpelar a quien se aparte del rumbo trazado (poner orden), monitorear y evaluar la política, dar la cara por el sector rindiendo cuentas y asumir el costo político (dimisión) si no se logran los objetivos.

No parece que el MTSS tenga el perfil o plataforma necesarios para cumplir tan alto mandato, por lo cual el gobierno debe identificar y suplir de inmediato las posibles falencias, ahora que todavía dispone de tiempo y capital político.

Probable duplicidad en rectoría sectorial. En el gobierno anterior, el rector designado para el combate de la pobreza, el presidente del IMAS, cedió el protagonismo a la segunda vicepresidenta, quien ejerció el liderazgo desde el Consejo Presidencial Social.

En esta ocasión, el nuevo rector podría toparse con otro liderazgo ejercido desde un nuevo frente: el Consejo de Articulación Presidencial en Seguridad Humana, una instancia “de dirección, articulación y seguimiento de las políticas públicas” que se propone idear y desarrollar estrategias para favorecer el desarrollo humano y la construcción de entornos protectores. Está integrado por 16 instituciones, entre las cuales se excluye al MTSS.

Así, en la rectoría del “desarrollo humano” existe una duplicidad entre el ministro rector y quien vaya a coordinar el Consejo de Seguridad Humana. De nuevo, aún hay tiempo de enmendar.

Participación ciudadana. En tercer lugar, quien finalmente ejerza el liderazgo en el combate de la pobreza deberá motivar ejercicios reales de participación ciudadana en todo el ciclo de la política pública: consultar a organizaciones sociales antes, integrar a ciudadanos en órganos colegiados de toma de decisiones a escala nacional o regional y promover evaluaciones participativas de programas y proyectos (control social).

Orquestar un sistema de participación ciudadana en la atención de la pobreza no resultará una tarea compleja si existe disposición y apertura del gobierno a posibilitar el ejercicio de este derecho humano, que constituye un mandato de valor constitucional y un reciente mensaje de las urnas, especialmente dirigido al partido que ha reivindicado la “acción ciudadana” como signo distintivo de su identidad.

“Por el bien de todos, primero los pobres”, repitió en su hora triunfal el flamante presidente electo del pueblo mexicano. En este tiempo convulso de déficit fiscal, recorte de gastos y eventuales fusiones institucionales, se espera que nuestras autoridades asuman también la defensa de las personas pobres como fin y fundamento del ejercicio del poder delegado.

El autor es politólogo.