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Nuevas fuentes de energía más barata y limpia

La explotación petrolera no solventa el problema de fondo de los combustibles; el péndulo se mueve en otra dirección

El pico petrolero o momento de mayor consumo de hidrocarburos está a la vuelta de la esquina, ya sea porque se alcanzó el tope en la producción o por la demanda.

Una empresa que quisiera importarlos probablemente apuntaría a un período relativamente corto para el retorno de su inversión y tendría que asegurarse un rendimiento razonable, que presionaría los precios al alza.

Por ejemplo, del precio del diésel y las gasolinas (¢650,33 por litro en promedio), el margen para las estaciones de servicio equivale a un 8,13 % (¢52,3), porcentaje superior al 7,36 % (¢47,4) que percibe Recope.

Los transportistas, por su parte, obtienen el 2,23 % (¢14,4), por lo cual la ecuación privada del modelo actual representa un 10,36 % de la tarifa (¢66,7), pese a que la diferencia en inversiones pareciera abismal.

Ampliar el beneficio para los importadores podría presionar un rebajo impositivo, que el consumidor no sentiría como disminución en el precio.

Aunado a lo anterior, está el déficit fiscal, que forzaría a explorar el incremento o la creación de otros tributos, cuyo impacto podría traducirse en aumentos, generalizados o focalizados, en ciertos bienes o servicios.

Tómese en cuenta que el impuesto único sobre los combustibles representa un porcentaje mayor que el 10 % de los ingresos totales del Gobierno Central, por lo que la sustitución no es sencilla.

Captura del mercado. En la búsqueda de utilidad, los importadores probablemente intentarían incursionar en otras áreas del negocio. Pequeñas estaciones de servicio y transportistas quizás serían desplazados, en favor de la aparición de oligopolios, presumiblemente transnacionales.

Según las estadísticas de hidrocarburos de la Cepal, para el 2019, todos los países centroamericanos y República Dominicana tenían un índice CH3 de concentración de mercado (porcentaje de participación de las tres principales empresas) superior al 93,8 %; en 5 de ellos es un 100 %.

Por otro lado, la demanda agregada costarricense, que actualmente es gestionada por un solo comprador, se fragmentaría, lo que probablemente influiría en los precios de importación que podrían conseguirse. De hecho, la gestión de las compras internacionales de Recope es destacada por la propia Cepal por sus resultados.

Aunque Recope se mantuviera como el participante dominante del mercado —lo más probable, salvo que se decidiera su cierre—, la utilización por terceros de su infraestructura, especialmente el puerto, el poliducto y el tancaje, supondría la necesidad de encontrar respuestas a muy diversas dificultades operativas y de mantenimiento, incluido no solo el factor tarifario, que tendría que cubrir tanto la depreciación y amortización de las inversiones como la previsión de nuevas obras, sino también el tratamiento de los riesgos asociados, como los costos derivados del robo de combustible o el eventual estancamiento de inventarios.

Esto, sin mencionar los retos que el sistema actual resuelve de buena manera y para los que habría que hallar nuevas respuestas, las cuales tienen que ver, entre otras, con la calidad de los productos, su uniformidad, la seguridad energética y la garantía de abastecimiento y precio equitativo para las zonas menos rentables.

Otra opción. Plantear una solución al alto precio de los hidrocarburos, los cuales representan un 67 % de la matriz energética nacional, introduciendo cambios únicamente a una variable —la operación de Recope—, cuyo monto por demás no ha variado desde el 2018, no pareciera ser lo más acertado.

Si bien existen evidentes espacios para mejorar, el problema es más grande y profundo que la participación de la empresa pública en el mercado y claramente no se limita a ella.

Al igual que sucede con la explotación petrolera o con las grandes inversiones para reactivar la refinación en el país, esta reacción limitada, aparte de no solventar el problema, equivale a volver la mirada hacia un pasado que eventualmente desaparecerá y cuyo péndulo se mueve tendencialmente en otro sentido. Definitivamente, el frío no está en esas cobijas.

La solución depende de impulsar la transición hacia nuevas fuentes de energía más baratas, eficientes y limpias, con un horizonte más amplio que la sola electrificación.

La ventaja de propiciar el establecimiento de un parque industrial nacional, con participación pública y privada, favorecerá que una buena porción del dinero que sale hoy como factura petrolera permanezca en el país.

El expediente legislativo 21343 es un buen punto de partida para una discusión que marcará el rumbo de la seguridad energética nacional de las próximas décadas.

schroinger@gmail.com

El autor es abogado.