12 junio

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) teje una madeja de equívocos para evadir su responsabilidad en la degradación de la deuda soberana costarricense por la calificadora Standard & Poor’s.

Las consecuencias del comportamiento irresponsable ejemplificado por la inaplicación de la regla fiscal a las municipalidades son graves y habían sido advertidas.

Comienza por ignorar el pasaje pertinente del documento de la calificadora. Es meridianamente claro: “A finales de mayo del 2020, el ministro de Finanzas Rodrigo Chaves renunció después de que el Congreso eximió a los gobiernos locales de cumplir con los aspectos de la ley de reforma fiscal del 2018, y posteriormente el presidente Alvarado firmó la legislación. La señal negativa que envían estos acontecimientos —más que su impacto presupuestario directo— pesa sobre la calificación”.

Perdonará la UNGL si insistimos en el título que tanto le molestó: “Reforma para eximir a municipalidades de regla fiscal pesó en baja en calificación de riesgo de Costa Rica”.

¿Existen otras razones? Muchas, y las hemos dado a conocer puntualmente. Como dice la UNGL, las dificultades han venido acumulándose y la perspectiva a la baja ha sido constante en los últimos años. Por eso, precisamente, es irresponsable añadir nuevas causas, como la exención de las municipalidades de la regla fiscal. Bastaría lo dicho para poner punto final a esta contrarréplica, pero la nota de la UNGL contiene otras distorsiones imposibles de ignorar.

La UNGL se niega a reconocer el efecto pernicioso de la infeliz iniciativa, aunque Standard & Poor’s no pueda ser más explícita al describirlo.

Se niega a reconocerlo aunque el peligro era obvio cuando todavía la ley no había sido aprobada. La Nación afirmó, en su editorial del 13 de mayo, seis días antes de la aprobación del proyecto: “Las municipalidades no son ajenas a los problemas del gasto público ni verdaderas productoras de ‘ingresos propios’. Eximirlas de la regla aplicable a toda la Administración Pública resta credibilidad a la reforma fiscal y pone al país en entredicho ante los mercados financieros y las calificadoras de crédito, que siguen rebajándonos el puntaje”. Previmos, pues, lo que la UNGL no acepta aunque lo diga la calificadora. Por supuesto, no fuimos los únicos.

Como no puede taparse el sol con un dedo, hay un pasaje donde la UNGL admite el efecto pernicioso de la desafortunada ley, pero lo atribuye a una confusión de Standard & Poor’s causada por el exministro de Hacienda “y otras entidades”.

Este otro intento de tomarnos el pelo, inadvertidamente desmentido por el propio texto de la UNGL, merece una cita textual: “Previo a la aprobación de la Ley 9848, de forma errada, el entonces ministro de hacienda Rodrigo Chaves y otras entidades vincularon esta ley con el déficit del Gobierno Central, a pesar de que no tienen relación alguna, lamentamos que estas posiciones equivocadas influyeran en las calificadoras internacionales para perjuicio nacional”.

La UNGL ni siquiera se da cuenta de que dos párrafos más adelante, afirma: “La misma calificadora S&P no señala un ‘impacto presupuestario directo’ que afecte el déficit fiscal del Gobierno Central por la aprobación de la Ley 9848, lo cual es consistente con los argumentos del régimen municipal”.

Es decir, nadie confundió a la calificadora y el “perjuicio nacional”, que ahora sí admite, no puede atribuirse a declaraciones del ministro “y otras entidades”, todas las cuales, dicho sea de paso, manejan los conceptos fundamentales de la política fiscal mucho mejor que los alcaldes.

Entre las voces opuestas a la reforma estuvieron el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría.

Pero al final resulta que la exención de la regla fiscal nunca se produjo, según los prestidigitadores de la UNGL. “Hemos insistido en que es falso que las municipalidades quedaron fuera de la regla fiscal”.

Una pequeña parte de los presupuestos municipales son transferencias del Gobierno Central y sigue sujeta a la regla, así que los gobiernos locales no fueron liberados de la medida de control de gasto. ¡Ante nuestros ojos se esfuman el motivo de la polémica y la razón de ser de la ley!

Las consecuencias del comportamiento irresponsable ejemplificado por la inaplicación de la regla fiscal a las municipalidades son graves y habían sido advertidas. La UNGL lo sabe. Quizá por eso no encontró quien calzara con su firma la respuesta comentada y pidió publicarla en nombre de la organización, contrario a la práctica de otras oportunidades. ¡Desapareció, pues, el autor!