No queda de otra

Las discusiones bizantinas en torno a la crisis fiscal ha postergado por muchos años una decisión al respecto: que si primero deben adoptarse medidas para la contención del gasto o si antes deben aprobarse nuevos ingresos; que si basta con cobrar bien los impuestos existentes y evitar la evasión; que la culpa es de tal o cual gobierno, de este o del otro partido político.

El tira y encoge, las presiones de un lado y de otro, la defensa de intereses puntuales y gremiales sobre el interés general y el temor de asumir el costo político son otros factores que han evitado por años la aprobación de un plan fiscal progresivo, adecuado a la realidad y a las necesidades del país, lo cual ha agravado la situación.

El expresidente Luis Guillermo Solís se dedicó durante los cuatro años de su administración a culpar y fustigar a los gobiernos liberacionistas que le antecedieron por todos los problemas que enfrentaba el país, pero, en especial, por el déficit fiscal.

Repartir culpas. Si bien es cierto que su incremento se produjo en ese período, no es justo atribuirlo a un manejo irresponsable por parte de los presidentes y los ministros de Hacienda de los gobiernos de entonces.

Recordemos que el segundo gobierno de Óscar Arias debió enfrentar, en sus dos últimos años, una crisis económica internacional que golpeó la economía nacional, pero es justo reconocer que los efectos nocivos, que en algunos otros países fueron devastadores, aquí se pudieron mitigar.

La administración de Laura Chinchilla, por su parte, logró la aprobación de un proyecto de reforma fiscal que, posteriormente, se malogró por resolución de la Sala Constitucional, y se frustró, así, un encomiable y responsable esfuerzo dirigido a la solución del problema.

Todo lo contrario, el expresidente Luis Guillermo Solís fue imprudente al no plantear una reforma fiscal desde el inicio de su administración, utilizando como excusa que primero había que demostrar eficiencia en el cobro de los impuestos y austeridad en el gasto, promesa que incumplió al incrementar en un 19 % el presupuesto del 2015 y, como consecuencia, agravó el problema del déficit.

También fue notoria su falta de liderazgo y capacidad para alcanzar los acuerdos necesarios en la Asamblea Legislativa para la aprobación de su extemporánea propuesta fiscal.

Tiempo de soluciones. Ahora, sin embargo, cuando la situación es insostenible, lo fundamental y lo urgente es evitar una crisis económica que perjudicaría a todos, pero, muy especialmente, a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, y para eso es indispensable anteponer los intereses del país sobre aquellos de carácter partidario, gremial o personal. Cuando el bienestar de todos los costarricenses está en juego, no es tiempo de mezquindades ni de cálculos político-electorales.

Por la integración multipartidista del Congreso, la aprobación del plan fiscal solo es posible con el concurso de fracciones opositoras, con el ejercicio de una oposición responsable, actitud que otorgaría a las fuerzas políticas que la apoyen la autoridad moral para exigir al gobierno acciones concretas más allá de las ya planteadas: la contención del gasto y la reactivación de la economía.

Los diputados deben entender que los recursos que generará el plan propuesto no son suficientes para solucionar el problema y que, desde esa perspectiva, no es razonable ni conveniente introducirle cambios que disminuyan, aún más, los ingresos previstos, por lo cual deben impedir que las posturas populistas de algunos diputados se impongan en el Congreso.

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El gobierno debe tener claro que si no actúa con responsabilidad y firmeza por el lado del gasto, lo más probable es que a corto plazo estemos en igual o peor situación.

Así que no queda de otra: la aprobación del plan fiscal, aunque no nos guste y nos imponga un sacrificio a todos, es una necesidad para evitar males mayores.

El autor es exembajador.