EscucharEn estas elecciones, mi voto es más táctico que ideológico. Yo no quiero que ganen las opciones extremas. Por eso, mi decisión electoral varía según cambian las encuestas electorales.
Uso esas herramientas para estimar cuál candidato tiene más probabilidad de impedir que aspirantes con tales posiciones lleguen al poder y darle mi apoyo.
El problema es que a partir del jueves, y hasta que cierren las urnas el domingo 4 de febrero, el Estado costarricense va a violar mi libertad de votar bajo esa estrategia. En ese plazo, la ley impide la publicación de encuestas electorales. Las multas a quienes infrinjan la ley ascienden hasta ¢21,5 millones.
Algunas personas ven esa veda como una protección a los ciudadanos de un presunto efecto indeseable derivado de los estudios de opinión.
Por el contrario, para un millón de ciudadanos indecisos, que estamos inquietos razonando nuestro voto, esa prohibición no trae más que oscuridad e incertidumbre, pues quedamos con la información de encuestas que no reflejan el cambio de opinión de los votantes en los tres días previos a los comicios.
Privación. Así, el Estado nos obliga a pensar el voto con una foto vieja, añeja, desactualizada, de la opinión política de los ciudadanos. Nos priva de usar la única herramienta que permite conocer con validez científica la opinión electoral de los costarricenses.
Esta limitación es muy grave en el escenario electoral actual. Desde hace 70 años no se registraba tanta indecisión en un proceso electoral. Y hoy se sabe que 4 de cada 10 potenciales votantes venimos cambiando de decisión de voto, según el último estudio del Estado de la Nación y la UCR-CIEP.
Por tanto, el único efecto indeseable para esta democracia viene de la propia normativa vigente.
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Además, ante tal volatilidad en el electorado, ese espacio de oscuridad informativa que crea la ley puede también trabajar en contra de la estabilidad política y la percepción de transparencia de los procesos electorales.
Al silenciar las encuestas, aumenta la posibilidad de que la población sea sorprendida por los resultados de las elecciones si estos no coinciden con los últimos sondeos que llegaron a su conocimiento. Ese escenario puede dejar espacio para que charlatanes y malos perdedores encuentren apoyo popular en sus reclamos de fraude electoral, algo que debe evitarse a toda costa.
La veda a la difusión de encuestas es peligrosa y viola nuestra libertad de pensamiento. Debe dejar de existir.
El autor es abogado y periodista.
