Al referirse a la Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2017, de la Contraloría General de la República, cuyo resultado indica que el 61% de los ciudadanos considera que la corrupción en el sector público se ha agravado en los últimos dos años, el presidente, Luis Guillermo Solís, aseveró que en su gobierno “no la hay ni por atisbo”.
Esta opinión fue reiterada hace poco cuando, en un mensaje de la Casa Presidencial, se manifestó que “el que en este gobierno no haya rastros de corrupción molesta a algunas personas”.
¿Por qué la percepción de la mayoría de los costarricenses sobre la corrupción difiere considerablemente de la afirmación del presidente?
Sin pretender agotar las razones y causas que podrían explicar esta diferencia de criterio, señalaremos algunos aspectos para entenderla.
Pilar ético. Recordemos que la propuesta fundacional del PAC estuvo basada en el compromiso de observar los más altos parámetros éticos y de luchar contra la corrupción, objetivo que desde la oposición ha ejercido sin concesión alguna contra las desviaciones en las que pudieron haber incurrido los gobiernos de los denigrados “partidos tradicionales”.
En el proceso electoral del 2014, el PAC y su candidato presidencial, hoy presidente de la República, aprovechando los escándalos de corrupción de la administración Chinchilla Miranda, reafirmaron su mensaje ético y endurecieron sus ataques contra los dirigentes del PLN.
Esta estrategia siguió ejecutándose desde el Gobierno con denuncias y acusaciones de corrupción hechas por Solís en su informe de los “cien días”, aunque resultaron exageradas e infundadas.
De esta manera, el discurso del PAC y los compromisos éticos de sus líderes crearon una enorme expectativa que no ha sido satisfecha, lo cual ha desilusionado y enojado a los ciudadanos, y ese es el estado de ánimo manifestado con rigor en los resultados de la encuesta.
Continuismo. Más temprano que tarde, los costarricenses presenciaron atónitos cómo los diputados del PAC seguían, con la mayor desfachatez, las mismas prácticas que antes habían denunciado como corruptas, como las de canjear plazas de asesores legislativos por votos para elegir al presidente del Congreso o como la de nombrar al hijo de un diputado de un partido minoritario en un puesto en la Casa Presidencial para allanar el trámite de determinado proyecto.
También causaron asombro los malos manejos, las pérdidas millonarias y el fracaso del Festival de las Artes (FIA) 2015, así como la intención de utilizar recursos públicos con fines electorales de algunos dirigentes de la juventud de esa agrupación, quienes se desempeñaban como asesores en la Presidencia, en algunos ministerios y en la fracción oficialista.
Con estupor, la ciudadanía fue conociendo, una semana tras otra, cómo varias viceministras y otros altos cargos estaban recibiendo beneficios salariales que no les correspondían, situación que el diputado Ottón Solís calificó de “corrupción pura y simple”.
Pese a su afirmación de que “corrupto es todo aquel que roba dinero público, tanto como quien deja de hacer su trabajo o lo realiza de forma defectuosa”, el presidente Solís justifica y avala la actuación de los funcionarios públicos involucrados en el caso de la famosa “pifia” con la construcción de la carretera hacia la nueva terminal de contenedores de Moín, desaguisado que costará ¢10.000 millones de más, monto mucho mayor que el del sonado fraude cometido por algunos inescrupulosos en la construcción de la “trocha” fronteriza.
Doble moral. Se puede afirmar, entonces, que el estricto e inflexible proceder asumido desde la oposición, contrasta con la laxitud de ahora que ejerce el gobierno, aun frente a hechos más graves, y esta doble moral es percibida y censurada por los costarricenses.
El propio fundador del PAC ha denunciado repetidamente transgresiones éticas de funcionarios del actual gobierno, y en su reciente llamado a votar en la convención de su partido criticó “los incumplimientos en que se ha incurrido en los últimos tres años” contra algunas de sus “promesas en el campo de la ética”, refutando así el criterio del presidente y acreditando la percepción mayoritaria reflejada en la encuesta citada.
Precisamente, en estos días, los ciudadanos observan perplejos las denuncias sobre supuestas irregularidades en un préstamo otorgado por el Banco de Costa Rica a un empresario importador de cemento y sobre la posibilidad de que esa entidad bancaria pueda sufrir una pérdida multimillonaria.
La supuesta participación de la Presidencia y de personas ligadas al gobierno para favorecer dicha transacción es un factor que, lamentablemente, contribuye a exacerbar la negativa percepción ciudadana sobre la corrupción en el sector público, aunque el presidente niegue su existencia.
El autor es exembajador.