Mundos despiadados

A partir de estas cifras, se indica que autoridades como Susana Pineda, de la Fiscalía de Género, están preocupadas por la baja proporción de condenatorias, que se presenta porque generalmente las víctimas retiran la denuncia o se abstienen de declarar.

Según Pineda, las víctimas desisten, más que por miedo, por apego emocional a sus agresores, así como por su dependencia económica y el impacto que todo el proceso podría tener en los hijos (si es que los tienen). Además, agrega que las mujeres tienden a conformarse con las medidas de protección que les conceden los juzgados.

Doris Arias, coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial, reconoce que no se puede desatender la voluntad de la víctima cuando decide desistir o retractarse, pero insiste en que debe trabajarse sobre el asunto para evitar que más mujeres mueran como resultado de la violencia.

Finalmente, Alejandra Mora, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), manifestó que los datos presentados por La Nación son alarmantes y evidencian que “la violencia en Costa Rica está en aumento y necesitamos tomar medidas”.

Verdaderas. Las estadísticas referidas admiten varias lecturas posibles. La primera es que todas esas 20.143 denuncias son ciertas, pero no representan la magnitud real del problema, ya que habría decenas de miles de mujeres que, por distintas razones, nunca denuncian la violencia de que son víctimas.

En correspondencia con esta interpretación, el hecho de que apenas 532 denuncias terminen en una sentencia condenatoria sería un indicador de cómo la desigual distribución del poder en la sociedad juega en contra de las mujeres e impacta en el sistema judicial mismo.

Adicionalmente, las 339 sentencias absolutorias serían evidencia clara y contundente de los menores recursos de que disponen las mujeres en los tribunales, en los cuales, además, enfrentan procesos que las revictimizan y jueces dominados por valores patriarcales, proclives a absolver a los agresores.

Falsas. La segunda lectura es que todas las 20.143 denuncias son falsas, por lo que, en realidad, en Costa Rica la violencia contra la mujer no existiría más que en las mentes de activistas y políticos irresponsables y oportunistas, dispuestos a seguir las modas legislativas de otros países.

Desde esta perspectiva, que 532 denuncias terminen en una sentencia condenatoria sería prueba irrefutable de la perniciosa influencia que la llamada “ideología de género” tendría en las mentes de jueces pusilánimes.

A su vez, las 339 sentencias absolutorias demostrarían que no todos los jueces han sucumbido ante dicha ideología y que en el Poder Judicial aún quedan funcionarios que resuelven a partir de una valoración objetiva de los hechos comprobados.

Complejidad. Las dos lecturas precedentes parten de supuestos extremos: todas las denuncias son verdaderas o todas son falsas; pero es posible introducir una lectura intermedia, basada en los siguientes supuestos:

1. Hay una proporción de mujeres que, por diversas circunstancias, no denuncian la violencia que experimentan.

2. Hay una proporción de mujeres que presentan denuncias falsas o carentes de contenidos sancionatorios.

3. Hay una proporción de los jueces que resuelven las denuncias apegados a los hechos demostrados en el proceso.

Aunque se desconoce la proporción en que se combina todo lo anterior, esta lectura es la única que puede explicar dos de los principales datos empíricos disponibles: que de 871 denuncias que culminaron en una sentencia, 61% fueron condenatorias y 39% absolutorias.

Ciertamente, en ese 39% de absoluciones puede haber personas que no debieron ser absueltas, pero también en el 61% de condenas puede haber personas que no debieron ser condenadas. Si se supone que los errores en uno y en otro sentido se compensan, resulta que de cada diez casos por violencia que terminan en una sentencia, en cuatro las denuncias eran falsas o carecían de contenidos sancionatorios.

Denuncias. Históricamente, las relaciones entre hombres y mujeres se han caracterizado por una desigualdad decisivamente favorable a los primeros, que las segundas han enfrentado de distintas formas y por distintos medios, incluidos los de carácter legal e institucional.

Puesto que las relaciones de pareja son también relaciones de poder, las mujeres han recurrido a leyes e instituciones para tratar de corregir desequilibrios e iniquidades. Que lo hicieran así no significa que su propósito último fuera siempre conseguir la condena de su pareja, sino la de modificar el balance de poder doméstico.

Existe, por tanto, una brecha fundamental entre las mujeres que denuncian violencia y los funcionarios especializados en atender sus denuncias: para estos últimos, el proceso solo tiene sentido si termina en una condena; en cambio, para la mayoría de las mujeres, el sentido parece estar en la denuncia misma.

Tal diferencia es lo que explica que de las 20.143 denuncias presentadas en el año 2015, 15.441 (76,7%) terminaran desestimadas o sobreseídas porque, como dice Pineda, las mujeres se conforman con medidas de protección dictadas por los juzgados.

Independientemente de si son falsas o verdaderas, o de los grados de verdad y falsedad que contengan, las denuncias de violencia se han convertido en un instrumento fundamental para miles de mujeres que desean renegociar las relaciones de poder con sus parejas.

A esto contribuye el hecho de que la ley respectiva es tan general en su definición que fácilmente cualquier desacuerdo habido en una relación de pareja puede ser reconfigurado y denunciado como una situación de violencia.

Al ser denunciados, los hombres quedan en una posición legal extraordinariamente vulnerable porque, aun cuando la denuncia no culmine en una sentencia, ya quedaron registrados como posibles agresores.

Violencia. El gráfico publicado por La Nación, que revela un incremento de las denuncias de violencia en el 2015, no coincide con los datos del Poder Judicial, que muestran una tendencia a la baja desde el 2012.

Si bien Doris Arias asocia la denuncia de violencia con los feminicidios, tal correlación debe ser considerada con mucha cautela: según datos de Monserrat Sagot, Ana Carcedo y el Poder Judicial, entre 1990 y el 2016 los homicidios de hombres aumentaron 5,1% anualmente, los de mujeres (sin feminicidios) 5,4% y los feminicidios 0,5%. Aun si el cálculo del feminicidio se hace con el número más alto de todo el período, el incremento correspondiente (3,4% anual) es inferior a los dos primeros porcentajes anteriores.

Indudablemente, Alejandra Mora acierta al afirmar que la violencia en Costa Rica está en aumento, pero su opinión es más aplicable a los homicidios de hombres y mujeres que a los feminicidios. La proporción de mujeres muertas como resultado de homicidios no feminicidas aumentó de 39% entre 1990 y 1999 a 45,9% entre el 2007 y el 2016.

Mundos. De acuerdo con algunos estudios disponibles (entre otros, el de Sandra Pereira Retana) la mayoría de las mujeres que denuncian violencia pertenecen a sectores de las clases trabajadoras y de clase media baja.

Se trata, por tanto, de mujeres cuyos hogares están dominados por la necesidades básicas, la incertidumbre, la precariedad de las condiciones de vida, la escasez de recursos, las jornadas excesivas de trabajo, los salarios mínimos (si tienen suerte) y la falta de tiempo y dinero para asistir a terapia profesional de pareja y pagar por ese servicio.

En tales circunstancias, el medio más efectivo que han encontrado esas mujeres para intentar reformar sus relaciones de pareja es la denuncia, con lo cual –a falta de políticas públicas más apropiadas– han convertido al Poder Judicial en un mediador estratégico para procurar cambios en sus extraordinariamente despiadados mundos domésticos.

El autor es historiador.